Juicio político a Medina de Rizzo: los documentos revelan demoras sistemáticas en la Sala Laboral

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió en los últimos días un voluminoso cuerpo de pruebas remitidas por distintos organismos, que refuerzan las acusaciones por mal desempeño y abandono de funciones contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina de Rizzo. La documentación, compuesta por miles de folios digitalizados en tiempo récord, deja al descubierto demoras reiteradas en la resolución de causas de la Sala Laboral.

Según la normativa vigente, los miembros de tribunales colegiados tienen plazos precisos para emitir sus votos: hasta 60 días hábiles para las sentencias definitivas. Estos plazos son de cumplimiento personal y la demora de un solo vocal basta para paralizar el dictado del fallo. Las planillas oficiales del STJ incorporadas como prueba muestran que, en algunos períodos, hasta el 90% de las causas de la Sala Laboral registraron atrasos.

El análisis puntual de la vocalía de Medina de Rizzo revela al menos 149 expedientes en los que el tiempo a despacho superó ampliamente los plazos legales, con un promedio general de 116 días corridos entre 2018 y 2025. En los años 2024 y 2025, ese promedio trepa a 193 días, con casos que alcanzaron hasta 350 días de demora para la emisión de un solo voto.

Estos datos contrastan con declaraciones firmadas por la propia magistrada en solicitudes de licencia, donde aseguró bajo juramento que su despacho se encontraba “al día”. Sin embargo, las pruebas indican que, mientras se tramitaban licencias y ausencias, había causas pendientes desde meses anteriores sin resolución.
La documentación también exhibe inconsistencias en las respuestas del Área de Planificación, Gestión y Estadísticas del STJ, que evitó brindar información comparativa detallada, pese a contar con sistemas que permiten hacerlo con facilidad.
Las demoras impactan directamente en ciudadanos comunes: trabajadores despedidos, jubilados, gremios y empresas que aguardan definiciones judiciales clave. Con este material en manos, la Comisión de Juicio Político deberá ahora evaluar responsabilidades y definir los pasos a seguir, bajo la mirada atenta de una ciudadanía que reclama un Poder Judicial más eficiente, transparente y ético.
(I: Nota en síntesis de Análisis)