Imputaron a Daniel Rossi y al “contador” municipal de Santa Elena por varios delitos de corrupción

La decisión fue tomada este jueves a primera hora por los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Facundo Barbosa.  
Los representantes del Ministerio Público Fiscal le endilgan a Rossi “nombramiento ilegal de cargo público e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”, por haber designado a Marcelo F.F. Medina como “contador” municipal en 2015, sin que pueda reunir las condiciones para serlo. En tanto, a Medina le imputan “aceptación ilegal de cargo público e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”. 
No es el único delito que los fiscales achacan a Rossi en el legajo n.° 285.545 caratulado “Municipalidad de Santa Elena s/Actuaciones de oficio”. El intendente también fue imputado por “violación de medios de prueba y supresión de documentos público agravada por ser ejecutado por un funcionario público en concurso ideal y fraude a la administración pública por ocultamiento de expediente”. 

Designación ilegal
Los fiscales investigan el nombramiento ilegal de Marcelo F.F. Medina como contador municipal de Santa Elena, sin tener el título profesional habilitante para ejercer el cargo. La designación se realizó el 30 de septiembre de 2015, mediante el decreto n.° 305. Aparentemente el cargo se mantuvo hasta, por lo menos, el mes de junio de 2026. El incumplimiento está dispuesto en el artículo 136 de la ley provincial n.° 10.027. 
Ocultamiento de expedientes
Por otro lado, los fiscales entienden que Rossi ocultó varios expedientes del Tribunal de Cuentas de la provincia, en los cuales se determinaron daños ocasionados al municipio de Santa Elena y se investigaba la responsabilidad de funcionarios públicos. En la imputación se lee que el hecho ocurrió el 6 de diciembre de 2022, cuando el propio Rossi recibió los expedientes administrativos de parte del presidente del TdC en forma personal.
Los fiscales fijaron las fechas de indagatorias para que ambos expliquen qué pasó. Domingo Daniel Rossi deberá presentarse el 30 de noviembre a las 11; y Marcelo Fernando Medina deberá presentarse el 27 de noviembre a las 11. 

Una vieja historia 
Los primeros días de octubre, Análisis publicó un extenso informe en el cual se cuentan numerosos actos de corrupción desplegados por el intendente y ex vicegobernador. Fue a raíz de una declaración que hizo el propio Rossi, en la cual aseguró que quería ser controlado “todos los años” y cargó contra el periodismo que lo investiga. En ese informe, bien se describió que no sólo se trata de hechos puntuales, sino de “una conducta”, por ejemplo, el incumplimiento reiterado en la presentación de Declaraciones Juradas al TdC.          
También se contó en esa publicación que el fiscal Ramírez Montrull tenía abierto de oficio el legajo por el cual ahora se llamó a indagatoria a Rossi y Medina. Es que la Municipalidad de Santa Elena no respondía las intimaciones del TdC. Entonces la Fiscalía pidió al organismo el detalle de las irregularidades detectadas en Santa Elena. Así aparecieron la compra de la retroexcavadora, el hormigón con sobreprecio, el libre deuda otorgado a una firma privada sabiendo que la deuda seguía vigente y, antes de eso, el convenio tributario de la gestión anterior. 
Los pedidos de informes no tuvieron respuesta. Cuando la Fiscalía libró una orden de presentación, el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo, se negó a entregar documentación invocando sus derechos. Hubo allanamiento en el municipio y no se encontró nada porque ocultaron toda la documentación. Cuando volvieron a pedir formalmente los expedientes del Tribunal de Cuentas, la respuesta fue que no los tenían. En algún momento, llegaron a sugerir que tal vez se los habían llevado “los propios investigadores” en el allanamiento, como parte del absurdo y la falta de respeto a las instituciones.
La historia de esos expedientes merece un párrafo propio. El Tribunal de Cuentas los había remitido a la Fiscalía de Estado, que planteó que los municipios son autónomos y que las actuaciones debían ir a la comuna. Para colmo, lo que se envió a la Municipalidad de Santa Elena no fueron copias sino los originales. Los recibió Rossi. Nunca más aparecieron. 
En ese informe publicado por ANÁLISIS también se contó la historia del contador sin título. El informe de auditoría de 2025 bajó al subsuelo de la administración municipal y encontró que el control interno, sencillamente, no existe. Los cargos de contador y tesorero municipal carecen desde 2011 del acuerdo del Concejo Deliberante que exigen los artículos 95 y 136 de la Ley 10.027. Ninguno de los dos funcionarios tiene constituida la fianza legal obligatoria. Y hay algo más: el área de Contaduría está en manos de un auxiliar que no posee título profesional habilitante. Quien cumple el rol de contador municipal no es contador. Para los auditores no se trata de un formalismo pendiente sino de una “gravedad institucional insubsanable”. Sin acuerdo del Concejo, además, la estabilidad de quien ocupa la Contaduría queda a merced del intendente, lo que debilita su capacidad de observar gastos u oponerse a actos ilegales del Ejecutivo, como le ordena el artículo 157 de la ley. (Fuente: Analisis)