Fallo judicial obliga a Federación a pagar indemnización que complica más a las cuentas municipales

La actual gestión deberá afrontar la erogación en un contexto de recursos ajustados.
La Municipalidad de Federación deberá desembolsar alrededor de 30 millones de pesos como consecuencia de una sentencia judicial firme vinculada a un hecho ocurrido en 2012.

El fallo establece la responsabilidad del municipio por la utilización de la imagen de una joven con fines promocionales sin su autorización ni los resguardos legales correspondientes.

La acción fue impulsada desde el área de Turismo de la gestión de aquel entonces y derivó, años más tarde, en una condena económica.

La resolución fija una indemnización de 22 millones de pesos para la persona afectada, a lo que se suman aproximadamente 8 millones en honorarios profesionales, completando el monto total que deberá afrontar el Estado local.

La situación expone cómo decisiones administrativas tomadas años atrás —durante la intendencia de Cecco— terminan teniendo impacto en un momento especialmente delicado para las finanzas municipales.

En la ciudad, el tema generó múltiples comentarios y, en general, se lo interpreta como un hecho difícil de prever en su dimensión actual: una práctica habitual como el uso de imágenes con fines promocionales, muy extendida en la dinámica comunicacional de aquellos años y aún más en la era de redes, que con el tiempo derivó en una consecuencia económica significativa para el municipio.

Hoy, el intendente Ricardo Bravo, del justicialismo, enfrenta este escenario en medio de un contexto económico complejo, con recursos limitados y mayores demandas sobre los servicios municipales.

Desde el municipio se remarca que este tipo de resoluciones judiciales obliga a redireccionar fondos que podrían destinarse a obras o mejoras para la comunidad, generando una carga adicional en una administración ya exigida.

En una ciudad donde históricamente el termalismo marca la temperatura económica, en los últimos tiempos son este tipo de cuestiones —más vinculadas a decisiones políticas y administrativas— las que terminan elevando la presión sobre la gestión y las cuentas públicas.

El caso, ya cerrado en términos judiciales, deja una señal clara sobre la importancia de los controles y la previsión legal en la administración pública, para evitar que situaciones del pasado se transformen, años después, en nuevas obligaciones para toda la comunidad.