Enriquecimiento ilícito: Budasoff define si Urribarri va a juicio o se realizan nuevas pericias

El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, dispuso este martes un cuarto intermedio hasta el jueves 5 para resolver cómo continuará la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

La decisión deberá dirimir entre el pedido de los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano de elevar el expediente a juicio oral y público y la solicitud de las defensas de realizar nuevas pericias oficiales. Los estudios requeridos buscan contrastar los informes informáticos y contables que constituyen el sustento central de la acusación, reunida durante casi ocho años de investigación.
Urribarri, señalado por la Fiscalía como presunto autor, es defendido por Miguel Cullen. Cardona Herreros, acusado como supuesto partícipe necesario, cuenta con la representación de Ignacio Díaz y José Velázquez.

Los fiscales rechazaron la realización de las pericias por considerar que el planteo fue presentado fuera de término y que no incorpora elementos nuevos al objeto de la investigación. 
Además, ratificaron la validez de los informes, la idoneidad de los profesionales del Ministerio Público Fiscal que los elaboraron y la legalidad de las medidas adoptadas. También sostuvieron que las defensas fueron notificadas y no formularon objeciones oportunamente.

Los abogados defensores, en cambio, argumentaron que en instancias anteriores se les había indicado que no era el momento procesal para efectuar esos pedidos. 
Explicaron que recién al conocer la solicitud de elevación a juicio pudieron advertir las diferencias que, según sostienen, existen entre los montos de los informes contables y los consignados en el hecho atribuido.

Cullen reclamó una pericia contable independiente, con intervención de expertos oficiales y de parte, para precisar qué incremento patrimonial se considera injustificado.
Según su planteo, la acusación incorpora recursos que podrían corresponder a la actividad económica autónoma de los hijos mayores del exmandatario.

Como parte de ese argumento, el defensor afirmó que Urribarri y su esposa, Ana Lía Aguilera, vendieron en 2012 los derechos federativos de su hijo Bruno, exfutbolista profesional, por 1.200.000 dólares. Presentó esa operación como un ingreso que debe contemplarse al analizar el patrimonio familiar.

El jueves, Budasoff dará a conocer si admite las medidas solicitadas por las defensas o dispone que la acusación avance a la instancia de juicio.