En Paraguay profundizan la investigación sobre Kueider, su pareja y posibles socios
La Fiscalía realizará una pericia sobre teléfonos, computadoras y otros dispositivos para reconstruir las comunicaciones mantenidas por Edgardo Kueider, Iara Guinsel y cuatro empresarios vinculados con operaciones inmobiliarias investigadas.
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La Justicia paraguaya avanzará con una pericia informática sobre los dispositivos electrónicos secuestrados al exsenador entrerriano Edgardo Kueider, su pareja Iara Guinsel y otras personas relacionadas con las operaciones comerciales que se encuentran bajo investigación.
El procedimiento fue fijado para el próximo 18 de septiembre, a las 9, y tendrá como objetivo recuperar conversaciones, llamadas, fotografías, videos, audios y archivos enviados o eliminados entre enero de 2024 y diciembre de 2025.
Las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez intentan determinar las conexiones existentes entre Kueider, Guinsel y cuatro empresarios paraguayos que podrían haber intervenido en diferentes negocios inmobiliarios.
Quiénes aparecen vinculados
Los nombres bajo análisis son Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, titulares de la firma Golsur, empresa sobre la cual Guinsel tenía un poder amplio de administración.
Ambos están imputados junto con Kueider y Guinsel en la investigación por presunto lavado de activos.
La Fiscalía sospecha que Golsur habría funcionado como una estructura destinada a recibir y administrar fondos cuya verdadera propiedad se intentaba ocultar.
La pareja del exsenador había declarado que los más de US$200.000 encontrados en su poder al ser interceptados en diciembre de 2024 pertenecían a esa empresa. Para los investigadores, Torales Benegas y Cousirat podrían haber actuado como socios o intermediarios de Kueider y Guinsel. Esa presunta relación todavía debe ser acreditada judicialmente.
También serán analizadas las comunicaciones con Carlos Alberto Guasti Cabañas, empresario inmobiliario y principal accionista del Grupo Petra. Guasti declaró que Guinsel había intentado comprar en efectivo cinco departamentos, valuados en aproximadamente US$600.000, para colocarlos a nombre de Kueider.
Según su testimonio, la operación no se concretó porque no se presentó la documentación necesaria para justificar el origen del dinero. El caso fue comunicado a los organismos paraguayos encargados de prevenir el lavado de activos.
El sexto nombre es Antonio Azouz Baladí, gerente general de la desarrolladora Innova. Esa empresa había acordado comercializar departamentos con Desarrolladora Exclusiva PY, otra sociedad integrada por Torales Benegas y Cousirat.
La investigación indica que Guinsel habría adquirido seis departamentos con sus respectivas cocheras por unos US$460.000. Los pagos se efectuaron en cuotas durante junio y julio de 2024, pero la operación fue cancelada en septiembre y el dinero terminó reintegrado.
Teléfonos y computadoras bajo análisis
Los investigadores examinarán los dispositivos incautados durante el allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025 en el dúplex de Asunción donde Kueider y Guinsel cumplían arresto domiciliario.
Entre los elementos secuestrados se encuentran cinco teléfonos celulares, un iPad, una computadora portátil y un pendrive. También serán peritados equipos retirados de los domicilios de Cousirat y Torales Benegas, entre ellos computadoras, celulares, memorias externas y un disco rígido.
La búsqueda abarcará llamadas, mensajes de texto, WhatsApp, Instagram y otras aplicaciones de comunicación. La Fiscalía pretende establecer si existieron acuerdos, instrucciones o movimientos coordinados vinculados con las inversiones inmobiliarias investigadas.
Kueider y Guinsel fueron imputados en Paraguay por presunto lavado de activos y también recibieron una condena por tentativa de contrabando.
Tras el allanamiento, debieron abandonar el inmueble de Asunción porque se les rescindió anticipadamente el contrato de alquiler y se mudaron a Luque.
La pericia será determinante para establecer qué relación mantenían con los empresarios investigados y si las operaciones inmobiliarias formaban parte de una estructura organizada para introducir fondos de presunto origen ilícito en el sistema económico paraguayo. (I: con datos de Infobae)

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