El borrador tiene la idea de dejar atrás muchas de las reformas incorporadas por la Administración de Gustavo Bordet. El texto ya llegó a algunas entidades que representan a actores judiciales. Otras están a la espera de que se los convide a la conversación.
En el primer piso de Casa de Gobierno aseguraron que “falta un poco” para cerrar el circuito y enviar el articulado a la Legislatura.
La propuesta es resucitar el sistema previo, en el cual los jurados llevaban casos para que sean resueltos por los postulantes. Desde siempre hubo sospechas de parcialidad por filtración, pero por ahora aparece como la salida posible del atolladero.
El punto más álgido será la eliminación de la intervención del Superior Tribunal en el proceso de puntaje. Tras la reforma del ’22, un postulante inconforme con la nota otorgada por el Jurado en las dos primeras etapas (antecedentes y examen), podía pedir la revisión del pleno del Consejo. Y luego presentar una apelación ante el STJ, si su planteo no había sido atendido.
En Justicia quieren regresar al esquema anterior. Antes de la última reforma, la inconformidad con este paso intermedio podía llegar a la Justicia tras la resolución del plenario, pero a través del esquema contencioso administrativo. Se apoyan en números para apuntalar esta vuelta atrás. Con el sistema pre 2022, hubo 8 recursos judiciales. Tras la reforma, se cuentan 19 apelaciones al Superior. Cada vez que llega al máximo tribunal, la mora en cada concurso se estima entre 6 y 8 meses.
En el Palacio de Justicia no están de acuerdo con este retroceso. En el segundo piso de Tribunales evalúan que quitar la recursividad ante el Superior demoraría “años” la resolución de un concurso impugnado en esa etapa. Además, dejaron en claro que, formalmente, no hubo ninguna consulta sobre el texto de reforma al Consejo. De manera informal se anticipó una invitación que aún no se concretó.
Otro tema que motivará quejas en la comunidad judicial será el cambio de los criterios para otorgar puntajes. Tanto la Legal y Técnica como la Justicia comparten la idea de reducir o eliminar los puntos que ganan los suplentes, designados “a dedo” en base a vínculos personales o familiares, por ocupar el cargo antes de que salga a concurso. Se apoyaría en un documento elaborado por la camarista penal Marcela Davite.