Dos concordienses condenados en una millonaria maniobra que borraba deudas impositivas en ATER

La investigación reconstruyó operaciones realizadas durante más de una década y terminó con seis condenados.
Una extensa causa judicial que comenzó a investigarse hace más de doce años terminó con seis condenas por una maniobra que perjudicó al Estado entrerriano y que tiene una derivación especialmente significativa para Concordia: dos de las personas sentenciadas son de esta ciudad y, según quedó establecido en el juicio abreviado, intervenían desde fuera del organismo recaudador para conseguir que contribuyentes fueran beneficiados con cancelaciones de impuestos que, en realidad, nunca habían sido pagados.
El fallo fue dictado el 21 de agosto por el vocal Alejandro Diego Grippo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná, en una causa que acumuló tres expedientes y reconstruyó irregularidades ocurridas entre 2004 y 2014 en la entonces Dirección General de Rentas, actualmente Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

La conexión Concordia
Entre los condenados aparecen Julio Schmukler, contador de 81 años y con estudio contable en Concordia, y Carlos Raúl Castro, de 72 años, también de esta ciudad. Su participación resulta particularmente relevante porque representa la conexión externa de un mecanismo que se ejecutaba desde el interior de la administración tributaria.
De acuerdo con los hechos admitidos en el juicio abreviado, ambos gestionaban ante funcionarios de ATER para que clientes —personas particulares y empresas— pudieran acceder a compensaciones tributarias fraudulentas. Es decir, deudas reales con el Estado terminaban figurando como canceladas mediante créditos inexistentes.
Schmukler fue condenado como partícipe necesario de defraudación a la administración pública y autor de cohecho activo, figura que sanciona a quien ofrece o entrega una dádiva a un funcionario. Recibió tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $10 millones. Además, durante los tres años de condena deberá donar $40.000 mensuales a una institución de bien público.
Castro recibió una pena única de tres años de prisión condicional y una multa de $200.000. Esa pena unificó la actual con una condena anterior por estafa que había sido dictada en 2014 por un tribunal de Concordia.

Cómo se borraban las deudas
La mecánica descripta judicialmente era relativamente sencilla, aunque requería acceso y manejo del sistema informático tributario. En el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se incorporaba información falsa haciendo aparecer a determinados contribuyentes como acreedores del Estado provincial. Se registraba que la Provincia les debía dinero cuando ese crédito, en realidad, no existía.
A partir de esa información, el propio sistema generaba una compensación: el supuesto crédito contra el Estado se utilizaba para cancelar impuestos que el contribuyente sí adeudaba. De esa manera, la deuda desaparecía de la cuenta sin que el dinero correspondiente ingresara a las arcas provinciales.
Según la sentencia, buena parte de esas operaciones se efectuó mediante un usuario habilitado a nombre de Abelardo Daniel Gaggión, entonces jefe de la División Mesa de Entradas. También quedó involucrada María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho, señalada como quien había posibilitado las habilitaciones necesarias para operar.

Decenas de contribuyentes beneficiados
Uno de los aspectos que dimensiona el alcance de la causa es la cantidad de personas y empresas que aparecen beneficiadas por las compensaciones irregulares.
La sentencia reconstruye numerosas operaciones durante los tres períodos investigados. Algunas correspondían a deudas relativamente pequeñas de impuestos inmobiliarios o automotores, mientras otras involucraban sociedades comerciales y montos considerablemente superiores.
En uno de los casos acreditados, correspondiente a Insumos Entre Ríos S.A., se determinaron al menos 18 compensaciones falsas realizadas entre agosto de 2012 y mayo de 2014, con un perjuicio fiscal calculado entonces en $2.268.586,15. La investigación incluyó allanamientos en dependencias de ATER y también en el estudio contable y domicilios vinculados a los dos imputados concordienses, además del secuestro de computadoras y dispositivos, pericias sobre el SAT, documentación bancaria, informes tributarios y numerosos testimonios.

Una maniobra que funcionó durante años
La causa se inició formalmente el 5 de junio de 2014, luego de una denuncia presentada por el entonces director ejecutivo de ATER, Marcelo Casaretto, a partir de información aportada por un empleado del organismo. La investigación posterior permitió retroceder en el tiempo y establecer que las irregularidades se remontaban a 2004.
Así fueron reconstruidos tres períodos: 2004-2007, 2008-2011 y 2012-2014, posteriormente reunidos en un único expediente. Además de Schmukler y Castro, fueron condenados María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Gustavo Alejandro Gioria y Darío Fabián Barreto. Las responsabilidades fueron diferentes según la intervención atribuida a cada uno.
Martínez de Yankelevich y Gaggión recibieron tres años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, además de multas de $30,6 millones y $20 millones, respectivamente. Barreto fue condenado también a tres años condicionales, inhabilitación perpetua y una multa de $30,6 millones.
Gustavo Gioria, quien había sido Tesorero General de Entre Ríos, recibió dos años y seis meses de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua y una multa de $10 millones.

El capítulo concordiense de una causa provincial
Para Concordia, el fallo tiene una significación particular. No se trata solamente de una defraudación ejecutada desde oficinas públicas de Paraná: la investigación comprobó la existencia de intermediarios externos que gestionaban beneficios para contribuyentes, y dos de las personas condenadas por ese rol desarrollaban su actividad o residían en Concordia.
También queda como interrogante de interés público la amplitud de la nómina de contribuyentes que obtuvieron cancelaciones mediante el sistema irregular y las circunstancias particulares en que cada uno accedió a esos beneficios.
Las seis condenas fueron alcanzadas mediante juicio abreviado, lo que supone que los imputados aceptaron los hechos, las calificaciones legales y las penas acordadas entre las defensas, la Fiscalía y el Estado provincial como querellante. Además, renunciaron a los plazos para recurrir la sentencia.
Después de una investigación que atravesó más de una década, el expediente termina así revelando un mecanismo en el que confluyeron funcionarios con acceso al sistema tributario e intermediarios externos, permitiendo que obligaciones fiscales reales desaparecieran de las cuentas mientras el dinero que debía recibir el Estado nunca ingresaba.(I:datos propios y de Análisis)