El caso salió a la luz en abril de 2023, cuando una de las víctimas logró romper el silencio que cargaba desde hacía años. La denuncia inicial derivó en una investigación que culminó con la detención preventiva de Zabala en mayo de este año.
Durante los alegatos, los fiscales Francisco Paoli y Mauro Jaume habían requerido una pena de 30 años de cárcel, mientras que los representantes legales de las víctimas, Brenda Vittori y Pablo Moyano Ilundain, solicitaron una condena de 36 años. Sin embargo, los jueces Pablo Garrera Allende, Silvina Gallo y Clara Mondragón determinaron imponer una pena inferior a lo esperado.
Con esta resolución, se cierra un capítulo judicial que expone la gravedad de los hechos denunciados, aunque la pena dictada ha generado opiniones divididas entre las partes involucradas.