Caso de explotación laboral en Concordia terminó con dos condenas

Un establecimiento rural ubicado en el departamento Concordia fue escenario de un caso de explotación laboral que involucró a cinco trabajadores provenientes de la provincia de Misiones. Los hombres habían sido convocados mediante ofertas de empleo vinculadas a tareas forestales, pero al llegar al lugar se encontraron con condiciones de vida y trabajo muy diferentes a las prometidas.
Los hechos se registraron en septiembre de 2022, cuando los trabajadores fueron trasladados hasta un campo de la zona de Puerto Yeruá para desempeñarse en la actividad maderera. Según se pudo establecer durante la investigación, una vez en el predio quedaron sometidos a jornadas laborales extensas, sin registración formal y con escasos recursos para su subsistencia.
La situación salió a la luz luego de una denuncia realizada a la Línea 145, destinada a reportar casos vinculados a trata de personas. A partir de esa comunicación se realizó una inspección en el lugar que permitió constatar las condiciones en las que se encontraban los trabajadores.
Durante el procedimiento se verificó que los peones vivían en casillas precarias construidas con materiales improvisados, con piso de tierra y sin acceso a servicios básicos. Tampoco contaban con energía eléctrica, agua potable ni instalaciones sanitarias adecuadas, y debían enfrentar las condiciones climáticas sin protección adecuada.
Los informes elaborados durante la fiscalización también señalaron la falta de registración laboral, la ausencia de medidas de seguridad y deficiencias en materia de higiene y habitabilidad. Incluso se registró que uno de los trabajadores sufrió lesiones sin recibir atención médica adecuada.
De acuerdo con lo que se reconstruyó durante el debate oral, las víctimas habían aceptado viajar hasta Entre Ríos motivadas por promesas laborales que luego no se cumplieron. La investigación también puso de relieve la situación de vulnerabilidad económica y social en la que se encontraban, circunstancia que habría sido aprovechada para someterlos a condiciones de trabajo consideradas gravemente indignas.
Tras la investigación y el posterior juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná condenó al propietario del campo, Yamil Ale Abdala, a ocho años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada. En tanto, el capataz Sandro De La Cruz Vázquez fue considerado partícipe secundario del mismo delito y recibió tres años de prisión de cumplimiento condicional.
La sentencia también dispuso una reparación económica para cuatro de las víctimas, que deberá abonarse una vez que el fallo quede firme. El monto total supera los 11 millones de pesos y fue distribuido en diferentes sumas según cada caso, con responsabilidad mayoritaria del propietario del establecimiento.
El tribunal sostuvo que el caso no podía interpretarse como una simple infracción laboral, ya que las condiciones detectadas configuraban un proceso de explotación que atentaba contra la dignidad de las personas, en línea con lo que la legislación actual identifica como una forma de “esclavitud moderna”.