Camino al juicio oral: avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Urribarri
El juez Mariano Budassof rechazó los cuestionamientos de las defensas y dispuso que la acusación se discuta en debate.
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Fiscalía solicita cinco años y diez meses de prisión para el exgobernador, además de la devolución de los fondos que considera injustificados.
El juez de Garantías N.º 6, Mariano Budassof, remitió a juicio oral la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros.
Según informó ANÁLISIS, medio que mantiene un seguimiento sostenido de las causas por corrupción política en Entre Ríos, el magistrado rechazó los planteos defensivos contra la evidencia digital y la pericia contable.
Durante la audiencia de este jueves, Budassof consideró que los registros informáticos y documentales resultan pertinentes para la investigación. También desestimó la realización de nuevas pericias y sostuvo que las controversias sobre la interpretación y calidad de las pruebas podrán discutirse durante el juicio.
Respecto del informe contable, destacó que fue elaborado conjuntamente por un profesional del Ministerio Público Fiscal y otro de la defensa, quienes coincidieron en sus conclusiones. Señaló que los abogados no identificaron cálculos concretos que debieran repetirse y que la disconformidad posterior no justifica rehacer el trabajo.
Las defensas de Miguel Cullen, por Urribarri, y José Velázquez, por Cardona Herreros, habían cuestionado, entre otros aspectos, los montos atribuidos, la consideración de ingresos familiares y el tratamiento de la información digital.
La acusación está a cargo de los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Para Urribarri solicitaron cinco años y diez meses de prisión, además de la devolución de más de 11,5 millones de pesos, siete millones de dólares y 16.300 euros que consideran injustificados. Para Cardona Herreros reclamaron cinco años de cárcel y la restitución de los montos atribuidos en su caso.
La investigación examina la evolución patrimonial y la relación entre el exmandatario y el empresario, cuya firma Relevamientos Catastrales fue contratista provincial durante sus gestiones.
Según la hipótesis fiscal, ese vínculo incluyó beneficios personales y familiares que excedieron la relación contractual con el Estado.
Urribarri cumple una condena de ocho años en la Unidad Penal N.º 6 de Gualeguaychú por el denominado megajuicio por corrupción. Con esta resolución, tiene pendientes dos debates: el de presunto enriquecimiento ilícito y el de la causa conocida como “coimas”.

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