Buscan incorporar al Código Penal los ataques contra bienes rurales

El proyecto para incorporar nuevas figuras de vandalismo rural al Código Penal avanzó en la Cámara de Diputados, en un contexto de reclamos de productores entrerrianos por mayor seguridad, investigaciones judiciales y vigilancia en los caminos rurales.

Las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Legislación Penal emitieron un dictamen de mayoría que reunió 41 firmas sobre 66 legisladores presentes. La propuesta, impulsada por Martín Ardohain, del PRO, quedó habilitada para su debate en el recinto. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de minoría.

La iniciativa contempla una pena de un mes a un año de prisión para el ingreso a establecimientos rurales, terrenos o dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a impedirlo. 
También propone sanciones de dos a ocho años de cárcel para daños que afecten directamente la producción agropecuaria, sus materias primas o su infraestructura. Entre los bienes comprendidos aparecen los cultivos y los cereales almacenados en silobolsas, tolvas y otras instalaciones. 
Ardohain sostuvo que la reforma busca dar una respuesta específica a situaciones de inseguridad que afectan a las familias del campo. Durante el debate, el diputado entrerriano Francisco Morchio, de La Libertad Avanza, también respaldó el proyecto y advirtió sobre ingresos a propiedades privadas bajo el argumento de realizar actividades de caza. Desde Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez cuestionó el texto por considerar que superpone disposiciones ya existentes en el Código Penal.

En Entre Ríos piden cámaras y respuestas judiciales
El debate nacional coincide con un reclamo difundido por la Federación Agraria Argentina en Entre Ríos, junto con la Sociedad Rural Argentina y FARER, ante lo que las entidades describen como un avance del delito rural y reiteradas vulneraciones de la propiedad privada.
Cerca de un centenar de productores y referentes gremiales se reunieron con autoridades policiales en el Establecimiento Yola, próximo a Sir Leonard, en el departamento La Paz. Allí exigieron que la Justicia investigue las denuncias, esclarezca los hechos e impulse los procesos para determinar responsabilidades.

Uno de los pedidos concretos fue instalar cámaras de seguridad en rutas, caminos rurales y accesos, conectadas a un sistema de monitoreo policial que permita intervenir rápidamente. Además, solicitaron drones térmicos y miras nocturnas para los destacamentos, al tiempo que reconocieron el trabajo del personal de la Policía Rural. 
El planteo comprende especialmente las zonas productivas cercanas a Bovril, Avigdor, Sauce de Luna, Santa Elena, La Paz y Villaguay. El petitorio fue acompañado por dirigentes de las tres entidades y por productores presentes en el encuentro. 
Mientras el Congreso analiza nuevas herramientas penales, el reclamo entrerriano exige medidas inmediatas: equipamiento, prevención y una respuesta judicial efectiva frente a los hechos denunciados.