Amenazas de tiroteo en escuelas: qué prevé el nuevo régimen penal juvenil para los responsables

En este marco, hechos como los mensajes intimidantes sobre supuestos ataques armados podrían encuadrarse —según el análisis jurídico— en el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal, que prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes generen temor colectivo o alteren el orden público mediante amenazas o falsas alarmas.

No obstante, el nuevo régimen introduce un esquema diferenciado para adolescentes. En los casos donde la pena prevista sea menor a tres años, la ley establece que no se aplicará prisión, sino sanciones alternativas. Entre ellas se incluyen advertencias formales (amonestación), restricciones de contacto o de circulación, prohibición de asistir a determinados lugares, e incluso la obligación de realizar tareas comunitarias.
Para delitos con penas de hasta diez años —como podría ser la intimidación pública— también existe la posibilidad de evitar la prisión efectiva, siempre que no haya existido violencia grave, antecedentes penales o daños severos a las víctimas. En estos casos, el juez puede optar por medidas como monitoreo electrónico, reparación del daño o reglas de conducta específicas.

La normativa también contempla, como última instancia, la aplicación de penas privativas de la libertad, aunque prioriza medidas socioeducativas y de reinserción.
Otro aspecto clave es que la ley ya tiene fecha de aplicación: entrará en vigencia este año, pasado los 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, por lo que su implementación es inminente.

En este contexto, especialistas advierten que este tipo de amenazas —aunque muchas veces sean consideradas “bromas”— tienen consecuencias concretas. No solo implican la intervención judicial, sino que pueden derivar en sanciones que afectan la vida cotidiana de los jóvenes y su entorno familiar.