Abogados de Concordia advierten que la reforma laboral puede debilitar el cobro de las indemnizaciones

La Sección Concordia del Colegio de la Abogacía expresó su preocupación por el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral presentado por el Ejecutivo entrerriano. Consideró que la iniciativa carece de consensos suficientes y advirtió que algunos cambios podrían dificultar el acceso de los trabajadores a una reparación efectiva.

El planteo se concentra en dos puntos: la eliminación del requisito de garantizar el monto de una condena para apelar y la creación de un cuerpo de tres peritos médicos con sede en Paraná y competencia provincial.
Para la entidad, las reglas del procedimiento laboral deben contemplar la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores. En ese sentido, sostuvo que la reforma podría debilitar la protección de los créditos laborales y prolongar los procesos.

La garantía de cobro, en discusión 

El proyecto propone derogar el inciso a) del artículo 125, que exige al empleador condenado depositar el importe de la condena, intereses y costas, o asegurar un embargo equivalente, para acceder a la apelación.
El cambio eliminaría esa garantía como requisito previo del recurso. No suprimiría la deuda ni impediría solicitar medidas cautelares, pero modificaría el resguardo patrimonial con el que el trabajador transita la segunda instancia. Los abogados concordienses entienden que esto podría aumentar las dificultades de cobro, la litigiosidad y los costos del procedimiento.

Concordia denuncia demoras de hasta dos años

El Colegio también rechazó la concentración de las pericias médicas en tres profesionales radicados en Paraná. Advirtió que ese esquema podría generar demoras y mayores dificultades para quienes sufrieron accidentes o enfermedades laborales.
Como antecedente, señalan que Concordia cuenta con dos peritos médicos oficiales que, según su experiencia, resultan insuficientes. Indican que algunos informes han demorado hasta dos años, aun después de las intimaciones solicitadas por los profesionales intervinientes.
La institución pidió mayor descentralización y una convocatoria amplia que incluya a trabajadores, empleadores, abogados y demás actores del sistema judicial.

Qué muestran las estadísticas disponibles

El informe oficial de productividad del Poder Judicial entrerriano registra, entre febrero y noviembre de 2025, 5.063 sentencias laborales de primera instancia, 1.051 de segunda instancia y 178 del Superior Tribunal.
Son decisiones judiciales, no cantidades de conflictos nuevos: un mismo expediente puede tener actuaciones en distintas instancias. Por eso, esos valores no deben sumarse como si representaran trabajadores diferentes ni utilizarse para calcular directamente la demanda de pericias médicas. 

Los antecedentes de Santa Fe y Córdoba

Santa Fe modificó su Código Procesal Laboral mediante la Ley 14.437, sancionada el 23 de abril de 2026. Entre los cambios incorporó peritos oficiales y desvinculó su remuneración del monto del juicio y del porcentaje de incapacidad. También dispuso reunir determinadas demandas de un mismo trabajador en un único juzgado.
El cuerpo santafesino está integrado por tres médicos con asiento en Rosario. Sin embargo, su implementación contempla etapas: desde el 7 de septiembre, la intervención exclusiva se aplica a las nuevas causas de accidentes de trabajo por procedimiento abreviado del fuero laboral rosarino. Además, se previó continuar sorteando profesionales de las listas mientras no estuvieran cubiertos todos los cargos necesarios. Esa gradualidad distingue el antecedente de una centralización inmediata de todas las pericias provinciales.
Córdoba creó el Servicio de Peritos Médicos Oficiales del Fuero Laboral mediante el Acuerdo Reglamentario 169 del 11 de junio de 2026. Su reglamento no fija una dotación única de tres médicos: permite determinar la cantidad por especialidad, distribuir profesionales de manera estable o itinerante y constituir servicios regionales según las distancias y la carga de trabajo. Establece una jornada de 45 horas semanales y contratos iniciales de un año.
Para los trabajadores, el modelo cordobés mantiene el acceso al servicio sin tasas; para los peritos, incorpora selección por concurso, evaluación de desempeño y remuneraciones independientes del resultado económico del litigio.