Uniformados en pie de reclamo: el salario y el desgaste psicológico en el centro del conflicto policial en Santa Fe
La protesta de la Policía de Santa Fe se concentra en la falta de una recomposición salarial efectiva y en la ausencia de políticas concretas de acompañamiento en salud mental, pese a los anuncios oficiales de mejoras laborales.
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Una foto que recuerda lo vivido en Concordia el día 8 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 21.30.
Las manifestaciones de un sector de la Policía de Santa Fe frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario combinan reclamos salariales, cuestionamientos a las condiciones de trabajo y un fuerte planteo por la salud mental del personal.
Mientras el gobierno provincial sugiere que detrás de las protestas podría haber intentos de afectar el plan de seguridad, los agentes sostienen que se trata de demandas concretas que no fueron resueltas.
Uno de los ejes del conflicto es la política salarial. Los efectivos cuestionan que el reciente anuncio oficial no implicó un aumento al básico, sino el otorgamiento de sumas no remunerativas que no impactan en adicionales ni en futuras jubilaciones, y que además no alcanzan a todo el personal. También advierten que los sueldos resultan insuficientes, lo que obliga a realizar servicios adicionales y extensas jornadas que afectan el descanso.
Sin embargo, el detonante inicial del reclamo fue sanitario. Los manifestantes exigen un abordaje integral en materia de salud mental, demanda que cobró mayor visibilidad tras la muerte de un suboficial de 32 años que atravesaba un cuadro psicológico delicado. El hecho generó conmoción dentro de la fuerza y aceleró las primeras concentraciones.
En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación abrió una investigación contra al menos 20 agentes por presunto incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, a partir de supuestas irregularidades durante la protesta.
Se analiza si la interrupción del servicio pudo haber comprometido la seguridad pública.
Desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que no permitirán acciones que afecten el funcionamiento institucional, aunque reconocieron que el trasfondo del reclamo es legítimo.
El Ejecutivo anticipó que continuarán las investigaciones administrativas y que se mantendrá el respaldo a la conducción policial, mientras se busca normalizar el servicio y evitar que el conflicto escale.

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