Circulo de Retirados policiales: una elección bajo sospecha que en Concordia revive las peores prácticas de la política

De tanto custodiar elecciones, actos partidarios y movilizaciones políticas, algunos policías retirados parecen haber terminado copiando las peores costumbres de quienes durante años debieron vigilar. Padrones incompletos, ventajas para el oficialismo, utilización de recursos institucionales, urnas trasladadas sin controles suficientes, escrutinios controvertidos y autoridades aferradas a sus cargos forman parte de una denuncia que sacude al Círculo de Retirados y Pensionados de la Policía de Entre Ríos.

Concordia merece un capítulo aparte. No solamente por el peso electoral de sus aproximadamente 700 afiliados, sino porque allí se habrían concentrado algunas de las maniobras denunciadas por la Lista 33, opositora a la conducción provincial.

La historia política concordiense conoce demasiado bien estos procedimientos. Hubo épocas en las que se hablaba del “fraude patriótico”, del vuelco de urnas y de aquellas mesas sin fiscales opositores donde aparecían resultados inverosímiles de 40 votos a 0. Prácticas tristes, pero célebres, que hicieron famosa a la ciudad por razones que nadie debería reivindicar.

Décadas después, las sospechas vuelven a sobrevolar un proceso electoral, esta vez dentro de una institución integrada por hombres y mujeres que durante su vida activa tuvieron la responsabilidad de hacer cumplir la ley.

Concordia, los avales y los créditos bajo sospecha

Uno de los primeros cuestionamientos comenzó con el padrón entregado a la oposición, que no contenía los domicilios de los afiliados. La ausencia de esa información dificultó especialmente el contacto con los retirados de las ciudades más grandes, como Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Mientras la conducción oficialista ya contaba con una estructura armada y conocimiento del territorio, la Lista 33 debió localizar por sus propios medios a los afiliados para conseguir los avales necesarios. Finalmente reunió alrededor de 1.400 firmas, cuando necesitaba 800, pero denunció que la desigualdad condicionó desde el comienzo la competencia.

Según la presentación opositora, cuando sus representantes llegaron a Concordia encontraron que gran parte de los afiliados ya había firmado avales para la Lista 1, vinculada a la conducción oficialista.

También surgieron versiones sobre la entrega de créditos por montos cercanos al millón de pesos, con intereses muy bajos o incluso sin interés, que habrían facilitado la obtención de adhesiones. La acusación reconoce que no cuenta todavía con documentación suficiente para probar que esos préstamos hayan sido concedidos a cambio de avales o votos. Precisamente por eso, el movimiento de fondos, las fechas de otorgamiento y la nómina de beneficiarios deberían ser exhibidos y auditados.

No alcanza con negar las sospechas. Si los créditos fueron entregados regularmente, con criterios transparentes y sin condicionamientos electorales, la conducción tiene una oportunidad sencilla para demostrarlo: abrir los libros y publicar la información.

¿Qué recursos y qué intereses están en juego?

La permanencia prolongada de las mismas autoridades, las reelecciones sucesivas y el interés por conservar el control institucional despiertan una pregunta inevitable: ¿qué montos administra el Círculo y qué beneficios económicos, financieros o empresariales están vinculados con su conducción?

La curiosidad aumenta cuando se afirma que durante la campaña oficialista se utilizaron vehículos pertenecientes al Círculo y recursos económicos de la entidad, es decir, bienes sostenidos por el conjunto de los retirados y pensionados.

La oposición aseguró que los candidatos oficialistas recorrieron la provincia cinco o seis veces, mientras que la Lista 33 solamente pudo visitar una vez cada departamento. Si se utilizaron fondos comunes para beneficiar electoralmente a una agrupación, no se trataría simplemente de una ventaja política: sería una utilización indebida del patrimonio de todos los asociados.

También deberían conocerse los aportes, convenios y apoyos empresariales que recibe la institución. Una entidad que administra dinero de sus afiliados y mantiene relaciones comerciales debe rendir cuentas con mayor claridad todavía cuando sus autoridades buscan perpetuarse en los cargos.

Concordia, por su cantidad de afiliados y por las denuncias formuladas, necesita una explicación propia, detallada y documentada.

Una urna bajo el brazo y una elección repetida en Victoria

Victoria aportó una postal impropia de cualquier elección seria. En la votación del 26 de agosto participaron 153 afiliados. En el plano local, la Lista 33 obtuvo 136 votos y la oficialista solamente 17. Para la conducción provincial, la oposición reunió 85 votos contra 68.

Terminada la elección, la urna fue retirada por el presidente de mesa, quien se la llevó bajo el brazo y la trasladó sin acompañamiento de fiscales opositores ni un mecanismo de resguardo que garantizara su inviolabilidad. Permaneció fuera del control de la oposición hasta el escrutinio definitivo realizado en Paraná.

Cuando finalmente se abrió, apareció un acta en la que el número 136 parecía transformado en 186, cifra incompatible con los 153 votantes registrados. Dentro de la urna también se encontraron votos opositores sueltos y una cantidad que no coincidía con el resultado asentado.

Ante semejante desorden, la votación de Victoria fue anulada y debió realizarse nuevamente. En la segunda elección volvió a imponerse la oposición en la filial local, aunque su candidato provincial no logró revertir el resultado general.

Más allá de quién ganó, el episodio resulta alarmante: retirados de una fuerza que conoce perfectamente la importancia de preservar pruebas, documentos y elementos bajo custodia terminaron protagonizando una elección en la que ni siquiera pudieron garantizar adecuadamente el resguardo de una urna.

Impugnaciones en La Paz y Villaguay

Las objeciones también alcanzaron a La Paz y Villaguay. La Lista 33 sostuvo que se permitió competir por un tercer mandato consecutivo a conducciones que ya habían completado dos períodos de cuatro años.

El juez electoral interpretó que la limitación alcanzaba únicamente a la Comisión Directiva Central. La oposición, en cambio, invocó el artículo 36 del estatuto, que establece para las filiales la misma duración de mandato que para la conducción provincial.

En La Paz, la Lista 1 se impuso por 102 votos contra 99, una diferencia mínima que podría resultar decisiva en el cómputo provincial. En Villaguay ganó la oposición, aunque también se cuestionó la aparición de 45 votantes que nunca antes habían participado y que, según la denuncia, no pertenecerían a la zona.

Una institución que debe dar explicaciones

La Lista 33 presentó denuncias ante la Justicia y la Dirección de Personas Jurídicas y solicitó la anulación completa de los comicios. Ahora serán esos organismos los que deberán determinar si existió fraude electoral, incumplimiento del estatuto o utilización irregular de recursos institucionales.

Pero aun antes de una resolución formal, la conducción tiene una responsabilidad política y ética: explicar cómo se confeccionó el padrón, quién autorizó el uso de los vehículos, cuánto dinero se destinó a la campaña, qué créditos se entregaron durante el período electoral, quiénes fueron sus beneficiarios y qué aportes empresariales recibió la institución.

Los policías retirados conocen mejor que nadie que una sospecha no equivale a una condena. También saben que cuando existen indicios, contradicciones y documentación cuestionada, corresponde investigar.

Después de tantos años custodiando elecciones ajenas, deberían poder organizar las propias sin padrones incompletos, urnas errantes, privilegios económicos ni reelecciones discutidas. Si terminaron copiando las peores mañas de la política, será necesario que las autoridades de control actúen para que el Círculo no se transforme en aquello que sus integrantes juraron combatir durante toda una vida.