�SToda energía es política⬝
El 2023 inició con una gigantesca ola de calor y sequías, una de las más largas y duras desde que hay registros. Esto puso en el centro del debate causas y consecuencias de los fenómenos.
Por el lado de las causas, la crisis climática producto de la deforestación y modelos agropecuarios claramente insustentables. Por el lado de las consecuencias, picos de consumo eléctrico que sobrecargaron al sistema interconectado nacional, produciendo cortes en diferentes puntos del país. La demanda energética reavivó en este presente un tema que se reactualiza permanentemente en la agenda pública entrerriana: ¿Qué beneficios presenta el rol de productor energético que nos otorga el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande?
Modelo de desarrollo, crisis climática y servicios agotados son partes inseparables de un debate que coloca en el centro a la capacidad de transformación social y territorial que tiene la práctica política. La región de Salto Grande encuentra en la memoria larga de su represa uno de los principales hitos de esta posibilidad de transformación. Los primeros antecedentes alcanzan la última década del siglo XIX, cuando el pionero don Gregorio Soler solicitó el otorgamiento de concesiones para explotar la energía eléctrica en la región. Entre este primer antecedente y el �SConvenio relativo al aprovechamiento de los rápidos del Río Uruguay en la zona del Salto Grande⬝, suscripto en Montevideo el 30 de Diciembre de 1946, se reconocen una multiplicidad de intentos de avance. Entre ellos tenemos estudios de navegación (C. Otaño, 1894), alumbrado y provisión de agua potable a la región (P. Fábrega, 1898), irrigación, aprovechamiento hidroeléctrico, navegabilidad y transmisión energética (J. T. Smith, 1907; M. Mollard, 1912, Gobierno Argentino, 1919; Gamberale y Mermoz 1928; Horne, 1936) y, finalmente, antecedentes de acuerdo argentino-uruguayos (1938). Tras el golpe de 1955, la cuestión institucional se socializa y es retomada por los pueblos ribereños a través de Comités Populares Pro Represa de Salto Grande. Los siguientes 20 años se reiniciaron lentamente los acuerdos intergubernamentales que permitieron su construcción entre 1974-1979 y su puesta total en funcionamiento hacia 1983. Vemos aquí un elemento que había circulado en las instituciones estatales y que habiéndose transformado en agenda social retorna a la agenda pública institucional para su concreción.
Ahora bien, ¿cómo recomponer capacidades de decisión política para los problemas del presente? A fines del 2022, observamos un debate en torno a la resolución 719/22 de la Secretaría de Energía que estableció beneficios en la tarifa eléctrica para las provincias del Norte Grande y San Juan, excluyendo a Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba de los subsidios. Este fue uno de los emergentes del cisma del oficialismo en la Cámara de Senadores nacionales a inicios de este año electoral: la constitución del bloque Unidad Federal. Al interior de la coalición opositora y principalmente en su expresión entrerriana (Juntos por Entre Ríos) la confianza de los últimos resultados electorales de 2021 les lleva a similares divisiones internas. Los principales actores de la alianza opositora (UCR y PRO) han renunciado a fórmulas de consenso y parecen tener a bien hacer uso de las primarias.
Al parecer esos eventos reducirían la capacidad de la política institucional de dar respuestas a las demandas sociales. Sin embargo, por caminos paralelos las representaciones legislativas del oficialismo y la oposición entrerrianas en el Congreso Nacional llegan en el último mes a puntos de coincidencia. Por sendos proyectos que van sumando consensos en cámara alta y baja, el senador Edgardo Kueider y el diputado Rogelio Frigerio proponen modificar esquemas tarifarios energéticos para beneficiar a la ciudadanía entrerriana. En las generalidades, los proyectos son similares: reducción del IVA, así como de otras cargas impositivas sobre las tarifas de luz, el aumento porcentual de las regalías que perciben las provincias productoras de energía eléctrica y su uso para la reducción tarifaria. Estos proyectos avanzan en línea con las decisiones del Ejecutivo provincial de eliminar cargas impositivas distritales sobre la tarifa eléctrica a mediano plazo. Estas coincidencias entre oficialismo y oposición evidencian la posibilidad de operar consensos explotando los conflictos a diferentes escalas. La disputa frontal entre fuerzas políticas, las disidencias internas a cada coalición, la exhortación tradicional del federalismo no significan siempre un laberinto de acusaciones sin destino. Existe una productividad institucional en los desacuerdos. A fin de cuentas, la �Scompetencia⬝ puede interpretarse como disputa o como conocimiento experto.
Un debate de mayor complejidad radica en el control efectivo del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. Reavivado en 2017, este tema atraviesa las relaciones entre provincia-nación y entre oficialismo-oposición. Nuestra represa se ha transformado en los últimos 40 años en un agente de desarrollo para la región y se consolida como el productor de entre el 5 y el 7% de la energía eléctrica aportada al Sistema Interconectado Nacional. El debate tiene dimensiones referidas a la memoria del impacto ambiental de la represa, su desarrollo sostenible presente, el formato participativo de la toma de decisiones, sus realizaciones y deudas con respecto al carácter socialmente inclusivo de sus aportes a la región.
En el actual contexto democrático, tanto la Comisión Técnica Mixta (CTM) como la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) se han constituido como plataformas para actores técnico políticos y político-partidarios de relevancia en la región. Nuevamente lógicas de conflicto y consenso. En la década del noventa un debate en torno a la administración pública o privada. En la actual década un debate abierto en torno a la conveniencia de su propiedad nacional o de su provincialización.
Hasta el momento parece imponerse un enfoque diferente. El costo y la distribución de beneficios en torno a la energía eléctrica de uso habitacional y productivo dependería mucho más de los elementos impositivos que de los aspectos vinculados a quién tiene la potestad de gestionar los ingresos del gigante hidroeléctrico. Sin embargo, este aspecto de la agenda pública ha obligado a sectores del oficialismo y de la oposición a expedirse. Llamativamente, una vez más, hay puntos de coincidencia. El oficialismo reactualiza proyectos a nivel nacional que proponen la directa provincialización del Complejo Hidroeléctrico. Las facciones mayoritarias de la coalición opositora han dejado abierta la puerta para un debate sobre esta cuestión en el último lustro. Un escenario promisorio teniendo en cuenta los diversos problemas de funcionamiento institucional que impuso en la última década la infructuosa grieta político-partidaria. Una oportunidad para ensayar salidas del actual escenario en que los intereses político-partidarios se muestran un tanto alejados de las demandas ciudadanas.
En lo que va del año, la acción política entorno a la energía eléctrica y su aspecto tarifario nos ha dado la pauta de cómo deben ser debatidos los problemas sociales: explicitar posicionamientos, acudir a debates maduros, imaginar soluciones futuras a corto y mediano plazo. Los problemas en sí mismos están lejos de solucionarse y la sociedad entrerriana tiene en este año electoral la oportunidad de definir cuál de los sectores político-partidarios deberá conducir la provincia. Sin embargo, todos estos debates de época corren el límite de lo posible y dan cuenta del carácter transformador que tiene el ejercicio de una política que no opone consenso a conflicto, sino que asumiendo las disputas de diferente orden hace emerger los puntos de acuerdo de la decisión pública.
Autor: Sebastián Pérez
Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario y Diplomado en Gestión Local del Riesgo Socio-ambiental por la Universidad Nacional de San Martín. También es Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, con investigaciones en temas de conflicto ambiental y estrategias de desarrollo provincial. Ha participado de diferentes equipos de consultoría y asesoría a organizaciones públicas y privadas en temas de inclusión social, relevamiento censal, historia socio-organizacional. Actualmente se desempeña como docente de nivel terciario y universitario en las áreas de ética, responsabilidad social profesional y sociología.
