“La herramienta judicial más idónea para la protección de bienes de carácter público o de fuerte contenido social, como en este caso una ruta nacional, es el amparo; en este es colectivo o de clase porque involucra a una comunidad entera que utiliza y depende de esta vía de comunicación”, explicó Laquidara.
La gravedad del hecho denunciado se funda en que el grave deterioro que verifica la ruta no solo representa un incumplimiento a elementales obligaciones del estado, sino que además pone en riesgo derechos constitucionales fundamentales, como la seguridad vial y la integridad física de los ciudadanos. “El tramo está en tan mal estado que ya ha provocado numerosos accidentes y daños materiales, aunque por ahora, y solo por ahora, no ha de lamentar víctimas fatales, pero solo de casualidad”, agregó.
Además, señaló que esta ruta, que une Paraná, la capital provincial, con Concordia, la segunda ciudad más importante de Entre Ríos; tiene un valor estratégico para el desarrollo de la region, el turismo, la extracción de la producción zonal, etc. La falta de mantenimiento compromete la comunicación entre estas localidades clave y pone de manifiesto el incumplimiento de Vialidad Nacional en su obligación de garantizar vías seguras.
El tramo en cuestión fue inaugurado poco antes de las elecciones presidenciales del 2023 y, en menos de un año, ya muestra un deterioro crítico. Según Laquidara, esto podría deberse a la utilización de materiales de baja calidad o al incumplimiento de los términos de la licitación por parte de la empresa contratista que, incluso, habrían motivado denuncias penales en curso que sugieren posibles hechos de corrupción similares a los ocurridos en otras regiones del país”, señaló.
Para el armado de la presentación se realizó un relevamiento previo basado en publicaciones periodísticas y redes sociales donde se detectaron numerosos incidentes en los últimos meses, desde roturas de vehículos hasta accidentes más graves.
Como antecedente, Laquidara mencionó el caso de la Ruta 40 en Río Negro, donde un amparo colectivo similar, más amplió ahí en sus bases desde que fue impulsado por diversos sectores sociales y autoridades locales, logró que se ordenara la reparación de la vía. “Estos antecedentes fortalecen nuestra posición y demuestran que es posible obtener una resolución favorable para la comunidad”, concluyó. El caso ahora queda en manos del Juzgado Federal de Concordia, recientemente creado y competente para este tipo de demandas.