Se abre una vía de pacificación en Bolivia: obreros y campesinos piden al Gobierno una ronda de negociación

Tras más de un mes de tensión y bloqueos que afectan a distintas regiones del país, organizaciones de obreros y campesinos de La Paz admitieron el agotamiento de la población y exhortaron al Gobierno a instalar una agenda de negociación que permita encaminar soluciones a la crisis política y social que enfrenta el país.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari —dos de las organizaciones que impulsan las protestas—pasaron de exigir la renuncia del presidente a pedir una agenda de trabajo que será puesta a consideración de sus afiliados.
El dirigente campesino David Mamani informó que, tras recibir el documento, las bases decidirán si aceptan participar en una mesa de negociación o continuar con las medidas de presión.
 “Las organizaciones sociales sentimos ese debilitamiento y cansancio, puede que haya un dirigente que diga: ‘vamos al diálogo’”, afirmó Mamani en entrevista con el medio digital Urgente.Bo. Sin embargo, el dirigente condicionó el acercamiento con el Gobierno a una agenda nacional de trabajo “para no cometer más errores de carácter institucional, jurídico y político”.
En esa línea, el secretario de la COB, Claudio Choque, afirmó que “hasta los países en guerra han llegado a un diálogo y pacificación” y remarcó que el diálogo tiene que ser “sincero, con condiciones claras y propuestas claras”.
En una entrevista con la radio Erbol, Choque señaló que para avanzar en una negociación el Gobierno debe considerar las resoluciones de los cabildos realizados por los sectores sociales y cesar “la persecución” y los procesos contra manifestantes que fueron detenidos.
Las declaraciones de ambos dirigentes se dan cuando el país cumple 36 días consecutivos de bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de gobernar en contra de sus intereses y de haber hecho lo contrario a lo que prometió en la campaña electoral.
Las protestas iniciaron en la región andina del país y se extendieron a seis de nueve departamentos, pero afectaron particularmente a la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, cuyas vías de acceso fueron tomadas por los manifestantes.
La población enfrenta más de un mes de desabastecimiento de alimentos, encarecimiento de los productos básicos e interrupciones en el servicio de transporte público por falta de combustible. La ciudad también fue escenario de enfrentamientos violentos entre manifestantes y la Policía, donde se reportaron daños a instituciones públicas, agresiones a civiles y personas heridas.
Esta situación, insostenible para la población afectada, se suma a las pérdidas económicas de sectores estratégicos como el transporte y la industria. Si bien no hay una cifra consolidada, diversas fuentes estiman el costo económico de la protesta entre 1.600 y 2.000 millones de dólares.
El gobernador de La Paz y aliado del Ejecutivo, Luis Revila, aseguró que este finde semana los bloqueos terminarán hasta este fin de semana “con o sin diálogo” por la necesidad que tiene la población de regresar a la normalidad. “Si el diálogo no se instala en el curso del día de hoy, yo les aseguro que a partir de mañana o el fin de semana esta situación se va a normalizar por fuerza de las circunstancias y la necesidad que tiene la gente de retomar sus actividades”, afirmó, citado por medios locales.
Hasta la publicación de esta nota, nadie en el gobierno hizo referencia de manera pública a la solicitud de una agenda de trabajo por parte de las organizaciones sociales. Sin embargo, en lo que va del conflicto, la administración de Paz ha manifestado su intención de dialogar con quienes tienen demandas que consideran “legítimas” y han descartado acercamientos con quienes piden su renuncia acusándolos de “narcoterristas”.
En paralelo, ha promovido la aprobación de una ley de regulación de estados de excepción para contar con el marco legal que le permita ordenar al Ejército su intervención en los conflictos.
A más de un mes de bloqueos de caminos también surgieron movilizaciones ciudadanas para exigir la aplicación del estado de excepción y permitir la liberación de las vías y el restablecimiento del orden público.
Con la flexibilización de la posición en las organizaciones sociales, crecen las expectativas de que el conflicto se encamine hacia una solución concertada. Las próximas horas son decisivas.