Proponen crear por ley Redes Intersectoriales Locales para fortalecer el rol de Copnaf

Este viernes ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto denominado Ley de Organización, Fortalecimiento y Coordinación Sistémica de Redes Intersectoriales Locales del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Propone crear “en el ámbito de cada Departamento de la Provincia de Entre Ríos las Redes Intersectoriales Locales del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, como instancias permanentes de coordinación, planificación, evaluación y actuación conjunta de los organismos estatales y organizaciones comunitarias que intervienen en la protección y garantía de derechos”.
La autora del proyecto, la diputada Silvia Moreno, del bloque peronista, sostuvo que “conforme a las competencias conferidas al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) por la Ley 9.985 (arts. 10, 11, 14 y concordantes), deviene necesario fortalecer su rol de coordinador provincial, estableciendo por ley la obligación de conformar, sostener y registrar Redes Intersectoriales Locales como células operativas del sistema de protección integral”.
Añadió que “en base a las distintas experiencias desarrolladas en la provincia, es menester mencionar el trabajo que motiva el presente proyecto, desarrollado en la ciudad de Gualeguay durante los últimos tres años, ya que evidencia los resultados positivos de este modelo: articulación permanente entre la coordinación local del Copnaf, el Juzgado de Familia y Penal de NNyA, la Defensoría Pública, el Ministerio Público Fiscal, las Secretarías municipales de Prevención de Adicciones y Convivencia Ciudadana y de Desarrollo Humano, el Hospital San Antonio y las fuerzas de seguridad”.
La diputada expresó que “el trabajo conjunto ha permitido reducir tiempos de respuesta, evitar superposiciones, generar intervenciones integrales y garantizar la efectividad de los derechos, además de optimizar la comunicación entre las diversas instituciones. Es imperioso institucionalizar estas buenas prácticas en toda la provincia”.
Moreno destacó que “este proyecto, que no crea nuevas estructuras burocráticas sino que optimiza las existentes, fortaleciendo la autoridad técnica del Copnaf y garantizando un modelo de gestión basado en criterios de eficiencia, corresponsabilidad, transparencia y perspectiva de derechos”.

Integración de las Redes
El proyecto propone que “las Redes Intersectoriales Locales deberán estar integradas, como mínimo, por representantes con capacidad de decisión de los siguientes organismos: a) Copnaf departamental. b) Hospital público de referencia y áreas de salud mental. c) Dirección Departamental de Escuelas. d) Ministerio Público Fiscal. e) Defensoría Pública. f) Juzgado de Familia y Penal de NNyA. g) Fuerzas de seguridad provinciales. h) Áreas municipales de Desarrollo Social/Humano. i) Áreas municipales de prevención de adicciones, géneros o convivencia ciudadana. j) Organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática”. El Copnaf “ejercerá la coordinación provincial de las Redes Intersectoriales Locales. Por su parte, cada Coordinación local organizará la convocatoria, el seguimiento, la carga de información y la articulación operativa del sistema” y las Redes Intersectoriales Locales “deberán reunirse como mínimo una vez por mes en modalidad presencial y dejar constancia de: a) Agenda tratada. b) Problemáticas emergentes. c) Casos críticos que requieran intervención intersectorial. d) Compromisos asumidos por cada organismo. e) Evaluación de intervenciones anteriores”.

Modelo de protección integral de derechos
Moreno recordó que Entre Ríos “adoptó, a partir de la Ley N° 9.985, un modelo de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 y los estándares internacionales consolidados como bloque de constitucionalidad”.
Añadió que aquella norma creó “el Copnaf como Autoridad de Aplicación del sistema, responsable de garantizar la coordinación interinstitucional, el diseño de políticas y la intervención efectiva ante situaciones de vulneración de derechos. Sin embargo, la práctica demuestra que la sola existencia normativa de la intersectorialidad no asegura su eficacia real”.
Moreno sostuvo que “el funcionamiento cotidiano de los organismos estatales y comunitarios —salud, educación, seguridad, justicia, desarrollo humano, políticas sociales, adicciones, organismos municipales, entre otros— sigue en muchos casos regido por la lógica de la derivación, donde cada institución interviene sólo sobre la porción del problema que considera propia, con fronteras rígidas y lecturas restrictivas de sus facultades”.
En aquella línea entendió que aquella “modalidad, ajena al paradigma de derechos humanos, resulta insuficiente para abordar problemáticas complejas y multidimensionales: violencia familiar, consumo problemático, exclusión social, padecimientos subjetivos, desigualdad de género, abandono o negligencia en cuidados, entre otras”.
La legisladora opinó que “todas ellas requieren miradas integrales, corresponsabilidad y actuación conjunta. Como se desprende del documento acompañado, la intervención estatal eficaz exige programación sistémica: cada actor debe conocer su función, pero también su complementariedad con los demás. 
La corresponsabilidad no se agota en la presencia simultánea de organismos, sino en la conjunción sistémica de sus acciones”.