Procesaron a cuatro militares retirados por delitos de lesa humanidad cometidos en Concordia

El Juzgado Federal N.º 1 de Concepción del Uruguay procesó a cuatro militares retirados por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cometidos en Concordia durante la última dictadura cívico-militar. La resolución fue dictada por la jueza federal subrogante Analía Graciela Ramponi.
Los procesados son Juan Ignacio Aleman, Jorge Enrique Echeverría, Miguel Ángel Galeano y Horacio Alberto Goris, todos exintegrantes del Ejército. Habían prestado declaración indagatoria más de dos años atrás, pero todavía no se había resuelto su situación procesal. El pronunciamiento se produjo poco más de dos meses después de que Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Concordia, junto con la querellante María Ema Papetti, presentaran un pedido de pronto despacho ante el juzgado. La solicitud también fue firmada por Eduardo Maschio, Luisa Rodríguez de Caire y Estela Solaga de Moreno. En el escrito reclamaron una definición judicial y advirtieron sobre la prolongada demora que registraba la investigación.

El caso del conscripto Jorge Papetti
Uno de los hechos centrales examinados en el expediente es la desaparición de Jorge Emilio Papetti, quien había cumplido el servicio militar obligatorio en Concordia.
Durante años, la versión de las autoridades militares sostuvo que el joven había escapado de la unidad y que era un desertor. Sin embargo, en la denominada causa Appiani, tramitada en Paraná, la Justicia estableció que Papetti había sido secuestrado y que murió mientras era sometido a torturas.
La resolución vincula particularmente a Horacio Alberto Goris, quien se desempeñaba como jefe de Personal, con el caso del conscripto y con la presunta obtención de una confesión mediante tormentos.

Una denuncia presentada en 2021
La causa, identificada como FPA 5688/2021, comenzó en abril de 2021 a partir de una denuncia remitida al Ministerio Público Fiscal por el Registro Único de la Verdad de Paraná.
La presentación fue realizada por María Julia Suárez, ciudadana uruguaya que declaró haber sido secuestrada el 3 de julio de 1977 junto con su hermano Jesús Silverio Suárez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia.
Según su testimonio, las víctimas fueron trasladadas inicialmente a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia y posteriormente llevadas a distintos centros clandestinos, donde habrían sido sometidas a torturas. Finalmente, fueron alojadas en la Unidad Penal N.º 3. Suárez también denunció haber sufrido violencia sexual durante su cautiverio.

Los roles atribuidos a los procesados
La resolución reconstruye el funcionamiento del área de Inteligencia del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” y atribuye diferentes responsabilidades a los cuatro exmilitares.
De acuerdo con la decisión judicial, Echeverría y Aleman habrían desempeñado funciones de conducción dentro del Grupo de Inteligencia y tenido intervención en la recepción y el manejo de personas privadas ilegalmente de su libertad.
Galeano habría ocupado una posición subordinada y ejecutiva dentro de esa estructura, mientras que Goris quedó relacionado especialmente con el caso Papetti.
Para adoptar la medida, el juzgado analizó testimonios, informes, inspecciones y otras pruebas incorporadas durante la investigación. El procesamiento implica que la magistrada encontró elementos suficientes para que la causa avance, pero no constituye una condena definitiva y los acusados conservan su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
La resolución representa un avance concreto en un expediente demorado durante años. La Justicia llega tarde para quienes sufrieron el terrorismo de Estado y para las familias que envejecieron esperando respuestas, pero finalmente llega: reconstruye responsabilidades, rompe décadas de silencio y mantiene abierta la posibilidad de que los hechos sean juzgados.