Preocupación por el nuevo Plan de Inteligencia: alerta por posibles tareas de vigilancia interna

Entre los puntos más sensibles, el PIN habilita a recabar información sobre quienes “erosionen la confianza” en funcionarios del Estado o generan “pérdida de confianza en las políticas económicas”, sin precisar si se trata de amenazas externas o simples críticos del Gobierno. También se enumeran como focos de interés los actores que influyan en procesos electorales, difundan desinformación o alteren “la percepción pública” mediante inteligencia artificial o nuevas tecnologías.
El documento, elaborado por el titular del organismo, Sergio Neiffert, y su segundo, José Lago Rodríguez, fue redactado en 2024 y coincide con el enfoque político de La Libertad Avanza. Refuerza el alineamiento con Estados Unidos e Israel y prioriza temas como las tecnologías 5G y 6G, el Atlántico Sur, la Antártida, los recursos naturales, las criptomonedas y las amenazas anarquistas.
El texto también incorpora referencias a la pobreza, las migraciones internas y las prácticas monopólicas como fenómenos de interés, sin aclarar si se apunta a organizaciones sociales, movimientos territoriales o actores económicos específicos.
En contraste, algunos puntos generan contradicciones con las políticas actuales. Por ejemplo, el plan pone foco en evasión fiscal y lavado de dinero, mientras el Ejecutivo impulsa flexibilizaciones que, según el FMI, deben ser cuidadosamente evaluadas en términos de transparencia.
Tras una reciente reasignación de partidas, la SIDE recibió $80.872 millones para 2025, de los cuales más de $13.400 millones figuran como gastos reservados.
El alcance de este plan secreto genera inquietud entre sectores políticos, judiciales y sociales, ante el temor de que se utilice para espiar voces críticas o condicionar la libertad de expresión, en nombre de la seguridad nacional.