Organizaciones uruguayas reclaman dejar sin efecto las restricciones a la iniciativa ciudadana

La medida alcanza a las campañas destinadas a promover reformas constitucionales, referéndums y recursos contra decretos departamentales. Hasta ahora, para adherir a este tipo de iniciativas se requerían la Credencial Cívica y la firma, mientras que la huella digital estaba prevista por ley únicamente para determinados procesos de referéndum.
Los colectivos que presentaron el reclamo consideran que la nueva disposición restringe el ejercicio de la participación ciudadana y agrega una carga económica y logística difícil de afrontar para organizaciones sin fines de lucro.
Como ejemplo, señalaron que una iniciativa de alcance nacional necesita reunir alrededor del 10% del padrón electoral, equivalente a unas 270.000 firmas. Debido a los rechazos que suelen producirse durante la verificación, las campañas habitualmente recolectan una cantidad adicional. Bajo el nuevo sistema, cada adhesión debería presentarse en una hoja separada, lo que obligaría a imprimir cientos de miles de formularios.
Según los cálculos difundidos por las entidades, una campaña podría necesitar unas 500.000 hojas, con un costo cercano al millón de pesos uruguayos sólo en impresiones. Por ese motivo calificaron el requisito como excesivo y prácticamente imposible de sostener para grupos ciudadanos o entidades sociales.
Las organizaciones también señalaron que los procesos recientes de recolección y control de firmas no registraron problemas relevantes que justificaran la incorporación de una nueva exigencia. Mencionaron, entre otros antecedentes, el plebiscito vinculado a la seguridad social y una iniciativa para proteger ambientalmente la zona de Punta Ballena.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con las facultades de la Corte Electoral. Los firmantes sostienen que el organismo puede supervisar y controlar los actos electorales, pero no modificar por resolución administrativa los requisitos necesarios para ejercer derechos de iniciativa popular sin una ley aprobada por el Parlamento.
En el documento presentado, las entidades afirman que la disposición carece de sustento legal, invade competencias legislativas y limita de manera indirecta derechos reconocidos por la Constitución uruguaya.
El reclamo cuenta con el respaldo de organizaciones ambientalistas, sindicatos, cooperativas de vivienda, agrupaciones de jubilados, colectivos indígenas y asociaciones vecinales de diferentes departamentos. Los firmantes anticiparon que mantendrán las acciones públicas hasta conseguir la anulación de la medida.