Optimismo en el Gobierno para aprobar la Ley Bases esta semana

A tres semanas de iniciado el debate en el Senado sobre la Ley Bases y la reforma fiscal, las iniciativas se encuentran estancadas debido a intereses cruzados y discusiones técnicas detalladas. La posibilidad de que estos proyectos lleguen al recinto parece cada vez más remota.
El miércoles pasado, los negociadores de Javier Milei distribuyeron un borrador con alrededor de 30 modificaciones entre los jefes de bloques de la oposición dialoguista. Sin embargo, los cambios fueron considerados “cosméticos” por algunos legisladores. El viernes, este documento fue repartido entre todos los senadores de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, quienes tienen la clave para avanzar con los proyectos.
El oficialismo espera sumar algunos cambios adicionales y cerrar una redacción final para firmar dictamen este miércoles, después de que las comisiones se reúnan nuevamente tras el fracaso de la semana pasada. Confían en que un dictamen en minoría por parte de los senadores más críticos les permita alcanzar la mayoría necesaria para llevar los proyectos al recinto en la primera semana de junio.
El miércoles pasado, a pesar de concesiones importantes, la Casa Rosada no logró el respaldo necesario. Los operadores oficialistas se enfrentaron a nuevas demandas de la oposición, incluyendo condiciones sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas y el Correo, que la administración Milei considera intocables.
La UCR también volvió a insistir en aspectos de la reforma laboral, proponiendo que los aportes sindicales sean voluntarios y que los bloqueos de plantas sean causa justificada de despido. Otros senadores, como Alejandra Vigo, pidieron mantener la moratoria previsional y aumentar el porcentaje de biocombustibles.
Las demandas de la oposición incluyen críticas severas a varios aspectos del blanqueo de capitales y del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El oficialismo ha aceptado algunas concesiones, como no modificar las funciones de organismos como el INTI, INTA y Senasa, y permitir que las cuotas sindicales sean voluntarias si los empleados lo manifiestan previamente.
El gobierno también mostró flexibilidad en el RIGI, acordando no anular legislaciones provinciales que se opongan al régimen y fomentando el desarrollo de cadenas productivas locales. En el paquete fiscal, aceptaron excluir del blanqueo a funcionarios públicos de los últimos diez años y aumentar la alícuota de Bienes Personales al 20% para quienes se inscriban.
A pesar de estos cambios, las modificaciones solicitadas por la oposición siguen siendo sustanciales, y el gobierno enfrenta un desafío significativo para lograr la aprobación de la Ley Bases y la reforma fiscal en el Senado.