Nuevas medidas, recortes y falta de información sobre contrataciones

El servicio estará a cargo de una empresa de Tierra del Fuego, que también trabaja con la obra social del Gobierno porteño. Sin embargo, no se han dado detalles sobre la selección de la firma, los montos del contrato ni la modalidad de pago. Según el anuncio oficial, los afiliados podrán acceder a cinco consultas gratuitas por año, pero a partir de la sexta deberán abonar un costo que aún no fue especificado.
La situación se tornó más confusa cuando el interventor del IOSPER, Mariano Gallegos, evitó responder preguntas sobre la adjudicación del servicio. Luego, en un comunicado oficial, el organismo sostuvo que la empresa fue seleccionada por su experiencia y credenciales en el mercado. Sin embargo, en una entrevista posterior, Gallegos aseguró que aún no hay contrato firmado y que el sistema sigue en etapa de prueba. Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, intentó justificar la decisión al afirmar que se compararon precios con intentos de contratación de la gestión anterior. No obstante, no quedó claro si la firma del contrato ya se concretó o sigue pendiente.

Más cambios y ajustes en la obra social
A estos interrogantes se suman otras medidas implementadas en la intervención del IOSPER:
Aumento en el coseguro: El valor pasará de $2.500 a $5.000 por consulta, bajo la justificación de que el sistema será "más transparente" y eliminará el cobro indebido de plus, aunque los afiliados pasarán de pagar $7.500 a $5.000 en total.
Rescisión de contratos: La intervención anunció la baja de más de 100 contratos, alegando haber detectado “serias irregularidades”. Sin embargo, el sindicato Seosper solicitó una revisión de las bajas, denunciando que muchos empleados no fueron notificados adecuadamente.

Un modelo de gestión bajo la lupa
Las decisiones recientes en el IOSPER generan incertidumbre entre los afiliados, quienes enfrentan ajustes en las prestaciones y aumentos en los costos, mientras el Gobierno sostiene que la intervención busca ordenar la obra social y transparentar su funcionamiento.
El desafío sigue siendo el mismo: lograr cambios sin aumentar la incertidumbre de quienes dependen de la cobertura médica, en un contexto de crisis económica y demandas por mayor claridad en la administración de los recursos.