La Secretaría de Trabajo no dio lugar al pedido de Agmer y Amet

Desde Trabajo señalaron que una nueva instancia formal carecería de sentido si el Gobierno ya anticipó que no habrá una mejora en la propuesta económica. 
La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos resolvió no avanzar con la convocatoria a una audiencia de conciliación solicitada por los gremios docentes, al considerar que actualmente no existen condiciones concretas para arribar a un acuerdo salarial.

La decisión se adoptó luego de analizar informes técnicos, jurídicos y administrativos vinculados a la situación económica y presupuestaria de la provincia, en un contexto donde el propio Gobierno ya dejó planteado que no tiene margen para mejorar la propuesta salarial vigente.

Desde el Consejo General de Educación señalaron que la oferta presentada responde a las posibilidades financieras actuales de la Provincia y remarcaron que, por el momento, no resulta viable formular una propuesta superadora.
En ese marco, la Secretaría de Trabajo entendió que convocar a una nueva instancia formal de conciliación carecería de utilidad práctica si no existen herramientas reales para destrabar el conflicto.
No obstante, desde el Gobierno ratificaron la continuidad del ámbito paritario y sostuvieron que seguirá abierto el diálogo institucional con las organizaciones gremiales, bajo los principios de negociación y buena fe.

Mientras tanto, esta situación comienza a replicarse silenciosamente en muchos municipios entrerrianos, donde varios intendentes enfrentan escenarios económicos similares y mucho más delicados, aunque todavía evitan expresarlo públicamente. En numerosas comunas la caída de recursos y la imposibilidad de otorgar aumentos salariales importantes generan una creciente tensión interna. A diferencia de la Provincia, los jefes comunales conviven todos los días con el reclamo directo de empleados y gremios municipales, que muchas veces se manifiestan con protestas, bombos y reclamos permanentes en los propios pasillos de los municipios.
En privado, varios intendentes reconocen que prácticamente no tienen margen financiero para responder a las demandas salariales, mientras reciben de manera directa el enojo, las críticas y las descalificaciones de trabajadores que sienten cómo el deterioro económico golpea cada vez más fuerte sobre sus ingresos.