La manifestación en Avellaneda en defensa de la empresa Vicentin
�SLa intervención de Vicentin es un abuso de poder y otra muestra de la deriva populista del gobierno de Alberto y Cristina Fernández⬝ (Diputada Amalia Granata).
La intervención y potencial expropiación a la empresa Vicentin S.A.I.C, obliga al Gobernador Perotti a fijar una posición sólida para así defender los intereses de la Provincia de Santa Fe como acreedora.
�SLas determinaciones tomadas por el Ejecutivo Nacional llevarán a que indirectamente, los argentinos terminen pagando la millonaria deuda. La decisión del Presidente Alberto Fernández, de intervenir de manera transitoria la firma VICENTIN S.A.I.C., una de las principales empresas del país y que da empleo a casi 5.000 trabajadores de manera directa en Santa Fe, es lisa y llanamente un ejercicio abusivo del poder político y una extralimitación de las facultades del presidente.
No corresponde al Poder Ejecutivo tomar intervención en un concurso preventivo que tramita por los carriles judiciales habituales⬝; Parte de un comunicado del Bloque SOMOS VIDA de la legislatura de la provincia de Santa Fe. �SEstá claro que nadie puede oponerse al concepto de soberanía y aún menos si se trata de asegurar un derecho como el alimentario⬝, sentenció Granata, y agregó, �Sutilizar esto como slogan significará que todos los argentinos que abonamos los impuestos vamos a tener que responder por una deuda millonaria de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE DOLARES o más, dado que hay un Juez de Concurso trabajando en la causa⬝.
Si la intención del ejecutivo es velar por los puestos de trabajo y por el patrimonio de la empresa, la ley de Concursos y Quiebras ya prevé un mecanismo para ello, pues se encuentra trabajando una Sindicatura plural, a cargo de tres contadores públicos, y un comité de control de actuaciones, formado por los cuatro (4) principales acreedores de la firma (entre los que ya está el Banco de la Nación Argentina) y por tres (3) acreedores laborales, que representan al resto de los trabajadores.
Por lo que no existe justificativo para que el Presidente decida nombrar un interventor del estado, siquiera de manera transitoria.
