Hidrovía bajo la lupa judicial: reclaman frenar la nueva concesión

La medida cautelar busca detener los efectos de la Resolución 67/2025 y del Decreto 709/24, hasta que se resuelva el amparo ambiental colectivo presentado meses atrás. El reclamo central exige que antes de adjudicar una concesión —prevista por al menos 25 años— se realice una evaluación de impacto ambiental acumulativa, con participación ciudadana real y consulta previa a los pueblos indígenas.
Las organizaciones advierten que el nuevo esquema profundiza el dragado del lecho del río sin analizar de manera integral sus consecuencias ecológicas, sociales y culturales. Sostienen además que los informes oficiales son parciales y que la audiencia pública realizada fue cuestionada por la mayoría de los participantes.
Otro punto crítico es la ausencia de consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas, tal como establecen normas constitucionales y tratados internacionales.
El planteo judicial se apoya en los principios de prevención y precaución ambiental: una vez producido el daño, señalan, puede resultar irreversible. Por eso solicitan que se suspenda el proceso hasta contar con estudios completos y mecanismos efectivos de participación.
El eje del debate no es solo técnico ni económico. Para los firmantes, el Paraná y sus humedales constituyen un bien común estratégico cuyo futuro no puede definirse sin información pública, transparencia y respeto por los derechos ambientales.