Hidrovía: Avances judiciales y administrativos buscan detener la licitación en debate

El proceso de licitación para la Hidrovía del Paraná, una de las principales vías comerciales de Argentina, se encuentra en el centro de una creciente controversia. Este proyecto, que involucra el dragado y señalamiento de la ruta fluvial, enfrenta objeciones administrativas y judiciales, además de críticas sobre los términos del llamado.

Intervenciones clave y cuestionamientos

La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) recibió una denuncia de una de las empresas interesadas y está elaborando un informe que podría marcar el rumbo del proceso. Este organismo ya había frenado una licitación en 2022 al señalar irregularidades. Ahora, revisa los términos de la convocatoria, que tiene plazo hasta mediados de febrero.
En paralelo, la Justicia en lo Contencioso Administrativo habilitó la feria judicial para tratar una medida cautelar presentada por la empresa belga DEME. Esta acción busca detener la licitación y cuestiona la información técnica utilizada, que proviene en gran parte de los anteriores operadores, Jan de Nul y Emepa.

Reclamos y objeciones

Empresas competidoras, como DEME, argumentan que los datos del río y las condiciones técnicas favorecen a los operadores actuales. Solicitan más tiempo para realizar relevamientos propios, pero el plazo fue extendido apenas dos semanas, lo que consideran insuficiente.
Además, critican las cláusulas de experiencia exigidas, calificándolas como restrictivas. Desde el Gobierno y Jan de Nul, se defiende la necesidad de estas condiciones para garantizar la calidad del servicio.

El papel de los actores internacionales

La participación de empresas extranjeras, incluidas firmas chinas, genera tensiones. El Gobierno sostiene que las compañías con participación estatal extranjera no deberían controlar un proyecto estratégico. Esto complica la presencia de competidores como la gigante CCCC.

Cuestionamientos a la transparencia

El pliego de la licitación, redactado bajo la extinta Administración General de Puertos (AGP), es señalado como producto de un “antro de corrupción”. Aunque la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación asumió las funciones, el proceso sigue cargado de sospechas.

Un negocio estratégico y monopolizado

La concesión, que incluye 30 años con opción a prórroga, involucra uno de los mayores monopolios en el transporte fluvial global. La importancia de esta vía para la exportación de granos y subproductos convierte a la licitación en un campo de intensa competencia, lobby y disputas legales.

Futuro incierto

La resolución del proceso depende de la Justicia y de las evaluaciones de la PIA. Mientras tanto, los tiempos ajustados y las objeciones técnicas mantienen en vilo un proyecto crucial para la infraestructura y economía del país.