Granja Tres Arroyos pidió el concurso preventivo de acreedores

Granja Tres Arroyos arrastra una deuda estimada en USD 350,9 millones y desde hace meses mantenía negociaciones con sus acreedores, con asistencia del banco de inversión VALO. Entre las alternativas analizadas se contemplaban quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de activos que no fueran considerados estratégicos.
El proceso judicial está encabezado formalmente por Wade, una de las sociedades que integra el grupo empresario controlado por la familia De Grazia. La presentación se produjo después de varios meses de intentos de reestructuración privada que no lograron frenar el deterioro de la situación financiera y operativa.

Casi 1.730 trabajadores desvinculados
Uno de los aspectos más graves de la crisis es el impacto sobre el empleo. Desde el inicio del conflicto, a fines de 2024, las distintas empresas y plantas vinculadas al grupo acumularon cerca de 1.730 trabajadores desvinculados.
En las últimas semanas, la situación se agravó con la paralización de la planta de Capitán Sarmiento, donde se enviaron más de 700 telegramas de despido. También hubo desvinculaciones en Pilar y Esteban Echeverría.
El proceso también alcanzó a Entre Ríos. En Concepción del Uruguay se produjeron alrededor de 250 despidos, mientras que anteriormente había cerrado definitivamente la planta Becar, con unas 200 desvinculaciones en Tristán Suárez y otras medidas de reducción en distintos establecimientos.

Una crisis que comenzó a fines de 2024
Los problemas de la compañía comenzaron a hacerse visibles a fines de 2024, cuando Granja Tres Arroyos solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Desde entonces se sucedieron cierres, suspensiones y despidos en diferentes plantas. En julio dejó de operar la planta Avex, en Río Cuarto, Córdoba, mientras que en agosto se suspendió al personal de la planta Pinazo, en Pilar.
La situación también generó conflictos salariales. Según el informe, algunos trabajadores acumulan más de dos meses y medio de salarios, aguinaldos e indemnizaciones pendientes.
El concurso preventivo abre ahora una instancia judicial en la que deberán intervenir los acreedores y se buscará establecer un mecanismo para reordenar el pasivo de la compañía. Para los trabajadores, la principal incertidumbre pasa por la continuidad de los puestos de trabajo y la posibilidad de cobrar las sumas adeudadas.