Frigerio anunció el llamado a licitación para la explotación del Hotel Ayuí

El inmueble, ubicado en la zona del Perilago de Salto Grande, había sido concesionado en 2001 por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) a la firma Balace SRL, presidida por el abogado Oscar Bacigaluppe, con un contrato de 25 años que incluía la obligación de reconvertir el lugar en complejo termal, algo que nunca se concretó.
Pese a ese contrato, el hotel pasó de hecho a ser explotado por Alberto Jesús Villanueva, un empleado de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), quien además figuraba como presidente de la sociedad Fideinsa S.A. Esta empresa fantasma, creada en 2010, fue vinculada directamente a Luis Mazurier, presidente de la CODESAL desde su creación en 2005 hasta 2015 y también director del diario El Sol de Concordia.
En 2013, una investigación periodística reveló cómo Mazurier se adjudicó a sí mismo el control del hotel mediante sociedades de papel. Finalmente, la Justicia lo condenó en 2023 a nueve años de prisión por peculado.
El traspaso de la administración del hotel a Villanueva, avalado por Mazurier desde la CODESAL, derivó en múltiples irregularidades: facturación a nombre de particulares, ausencia de registros fiscales, incumplimiento de condiciones contractuales y personal sin la debida registración laboral. Incluso, pericias judiciales comprobaron que las cobranzas del hotel se realizaban a nombre de Villanueva y no de la empresa concesionaria.
La CODESAL, organismo creado en 2005 por decreto del entonces gobernador Jorge Busti con rango ministerial para administrar el Perilago, quedó en el centro de la polémica. Su titular, Mazurier, fue señalado como el artífice de un esquema de apropiación indebida de bienes estatales a través de sociedades pantalla y testaferros.
En mayo de este año, y a partir de una acción judicial impulsada por la Fiscalía de Estado y la propia CODESAL, el gobierno provincial logró recuperar el Hotel Ayuí y firmó un convenio con la CTM para iniciar su puesta en valor.
Ahora, con el anuncio del gobernador Frigerio, el establecimiento se encamina a una nueva etapa bajo un proceso público y transparente de licitación, tras años de irregularidades, usurpación y manejo discrecional de un bien del Estado.