Fotomultas: ¿Seguridad, prevención o recaudación millonaria?

Mientras la cantidad de víctimas fatales no desciende, el sistema de control en nuestra provincia mediante cinemómetros (fotomultas), sigue firme y en crecimiento. Recaudando.

Cómo se controla en Entre Ríos
Para llevar adelante el sistema de control y registro de infracciones, la policía de Entre Ríos cuenta -desde hace más de cuatro años- con el servicio de la empresa privada Brocart SA, que brinda tecnología a través de sofisticados equipos fijos y móviles.
Se trata de una firma que trabaja con numerosas provincias y municipios de nuestro país.
El año pasado, la firma cobró de canon más de 800 millones de pesos mensuales por sus servicios en Entre Ríos. Una cifra altísima. Y nada despreciable.

Política de prevención y seguridad
El abogado y especialista en la materia, Juan Ignacio Maya, explicó que “una buena política de seguridad vial es aquella que logra disminuir los índices de infracción y siniestralidad mediante educación y la prevención”.
En este sentido, la ley 24.449 (de tránsito) es una norma que educa, previene y, en última instancia, sanciona.
“La política vial que muestra índices de infracción creciente puede obedecer a dos motivos: o la política de prevención es equivocada, y por eso crecen las infracciones; o se cambió el fin de la norma, pasando a ser la recaudación. De ser así, el aumento de infracciones sería un éxito”, advirtió Maya.

Cómo cobra la empresa
En nuestra provincia, el canon mensual que se le paga a la firma Brocart S.A. se compone de conceptos fijos y variables, por lo que su monto varía en cada período.
Sin embargo, es posible establecer un promedio de lo que representa este costo para la Institución policial entrerriana, que ronda el 47% de lo efectivamente ingresado por parte del pago que realizan los infractores.
Recordemos que Brocart SA cobra por tres conceptos: alquiler de los equipos de fiscalización, gastos de notificación, y prestación de servicios.

Contrasentido
“El estado terceriza en una empresa privada el servicio de constatación de infracciones, pero es un contrasentido que el canon que cobra la firma sea en relación a la infracción que detecta. Es lo mismo que decir: ‘Cuantas más multas hago, más me beneficio. Es obvio que la empresa querrá ganar más. Y el interés de la comunidad es que ‘cuantas menos multas, más seguridad’. Por ello, el canon de la empresa debería estar vinculando a la disminución y no al aumento de las multas”, entiende Maya.

Sin expedientes
Por cada infracción, la regla es que la policía debe detener al infractor, para que el riesgo que genera no continúe, y luego para identificar la persona y el automotor. La excepción es cuando el conductor se fuga o no se identifica. En ese caso se establece un procedimiento en el que se notifica al titular del automotor en el domicilio denunciado en el Registro de la Propiedad Automotor.
“Por cada infracción, se debe conformar un expediente, que integre todos los elementos de prueba, y para que cada persona pueda ejercer su defensa. Pero hoy no hay expedientes”.
Maya advirtió que se cambió el concepto de “notificación fehaciente”, donde se da certeza de destinatario, contenido, domicilio, día y hora, por “notificación válida”. Así, sólo se verifica que se diligencie una carta al domicilio del título de propiedad.

Cancha inclinada
Al recibir una multa, el automovilista enfrenta también dos problemas, entiende el especialista: la no renovación de la licencia y el inconveniente cuando se quiere comercializar el vehículo. “Cuando una persona hace su defensa y recurre a la Cámara de Apelaciones precisa que la respuesta de la Justica sea oportuna a los problemas que adolece. Si la Cámara se toma varios meses para un tema tan sencillo, lo que sucede es que está inclinando la cancha en favor de los recaudadores”. (Análisis)

La empresa de foto multas
Brocart S.A. es una empresa cuyo directorio principal está encabezado por Iván David Wuignier como Presidente, con Sergio Javier Jacobi como Director Suplente, según designaciones de 2019, y opera en servicios como la fiscalización de fotomultas en Entre Ríos, siendo un contrato que genera polémica por el reparto de ingresos con el Estado provincial.