Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias de la ANMAT
La Justicia Federal de La Plata procesó a dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que provocó numerosas muertes y graves consecuencias para pacientes en distintos puntos del país.
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La medida fue dispuesta este martes por el juez federal Ernesto Kreplak y alcanzó a Nélida Agustina Bisio, extitular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas quedaron además bajo una prohibición de salida del país.
El magistrado también dispuso un embargo de 500.000 millones de pesos sobre cada una de las exfuncionarias. Las dos habían sido detenidas a comienzos de agosto por orden judicial y posteriormente recuperaron la libertad tras pagar una caución de 75 millones de pesos cada una.
La investigación busca determinar si existieron responsabilidades de funcionarios encargados de los controles sanitarios que permitieron que los laboratorios involucrados continuaran produciendo y comercializando medicamentos pese a las irregularidades detectadas.
En el expediente aparecen bajo investigación HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., empresas vinculadas al grupo familiar de los hermanos García Furfaro. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, ambas compañías acumulaban antecedentes de incumplimientos relacionados con las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
La Fiscalía sostiene que las exfuncionarias podrían haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de los mecanismos de control que debían impedir que el producto contaminado llegara al sistema sanitario. En agosto, el Ministerio Público Fiscal había señalado que la investigación apuntaba a establecer las responsabilidades de las autoridades regulatorias en la producción, comercialización y suministro del fentanilo contaminado.
El caso representa uno de los mayores escándalos sanitarios recientes del país y continúa bajo investigación judicial, mientras se intenta determinar el grado de responsabilidad de los distintos actores que intervinieron en la cadena de producción, control y distribución del medicamento.

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