Entre Ríos unificó sus programas alimentarios y otorgará un refuerzo mensual de $8.000 a personas en situación de vulnerabilidad

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha un nuevo programa de asistencia alimentaria destinado a personas en situación de vulnerabilidad social y con necesidades nutricionales específicas. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1964/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Rogelio Frigerio junto a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.
La iniciativa crea el Programa Integral de Seguridad Alimentaria "Complementos", que unifica en un solo esquema los programas Complemento Nutricional y Refuerzo Alimentario para Adultos Mayores, que hasta el año pasado funcionaban de manera independiente.

Hasta 4.000 beneficiarios
El nuevo régimen prevé una ayuda económica mensual de 8.000 pesos por beneficiario, destinada a complementar la alimentación de quienes acrediten condiciones de vulnerabilidad.
El programa establece un cupo máximo de 4.000 titulares durante 2026. Si se cubre la totalidad del padrón durante todo el año, la inversión provincial alcanzará los 384 millones de pesos, con un desembolso mensual cercano a los 32 millones.
Desde el Gobierno aclararon que el beneficio no será automático. Cada caso deberá ser evaluado por la Dirección de Políticas Alimentarias, que verificará la residencia en Entre Ríos, la situación socioeconómica y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa.

A quiénes está dirigido
El programa está destinado a cuatro grupos específicos considerados de mayor vulnerabilidad nutricional:
Personas con bajo peso o riesgo de desnutrición.
Niños y adolescentes menores de 18 años con sobrepeso u obesidad.
Personas diagnosticadas con diabetes tipo II que acrediten vulnerabilidad social.
Adultos mayores de 60 años en situación de riesgo social.
El objetivo es brindar un complemento económico que contribuya a mejorar la alimentación de estos sectores, aunque desde el propio decreto se desprende que la asistencia deberá articularse con acciones sanitarias y de seguimiento nutricional para lograr resultados efectivos.

Sin actualización prevista
Uno de los aspectos que plantea interrogantes es el valor del beneficio. El decreto fija el aporte en 8.000 pesos mensuales durante todo 2026, pero no incorpora un mecanismo automático de actualización en caso de que aumenten los precios de los alimentos.
En un contexto inflacionario, esa situación podría reducir el poder de compra del beneficio a medida que avance el año, salvo que el Gobierno disponga futuras modificaciones mediante nuevas decisiones administrativas.

Más control y un solo padrón
La unificación de los programas busca simplificar la gestión administrativa, evitar superposiciones de beneficiarios y concentrar la información en un único registro provincial.
La Dirección de Políticas Alimentarias será la responsable de confeccionar los padrones, controlar el cumplimiento de los requisitos, administrar las prestaciones y rendir cuentas sobre la ejecución del programa. Además, podrá firmar convenios con municipios, comunas y juntas de gobierno para facilitar la identificación de las personas que reúnan las condiciones de acceso y garantizar el seguimiento territorial.

Una implementación con interrogantes
Si bien el programa tiene vigencia para todo el período comprendido entre enero y diciembre de 2026, el decreto fue publicado cuando el año ya transita su segunda mitad.
La norma no aclara cómo se instrumentarán las prestaciones correspondientes a los meses anteriores, si existieron pagos bajo mecanismos transitorios o si habrá reconocimiento retroactivo para quienes resulten incorporados al nuevo esquema. Ese aspecto deberá ser definido durante la implementación, mientras la Provincia comienza a ejecutar una política alimentaria que concentra en un único programa la asistencia complementaria destinada a los sectores con mayores necesidades nutricionales.