Entre Ríos a la deriva: cuando el estado no protege, todo queda expuesto

Lo que hoy ocurre con la pesca en Entre Ríos está lejos de ser un hecho aislado o una simple dificultad sectorial. Es, en realidad, la señal más clara de un retroceso profundo que golpea de lleno a una actividad que durante décadas logró sostener —con equilibrio— producción, cuidado ambiental y empleo genuino.

Durante los años 90, la provincia supo construir un esquema con reglas claras. Con aciertos y también errores, se estableció un modelo basado en pocos frigoríficos exportadores, controles sobre el recurso y una premisa que nunca debió perderse de vista: el pescado no es infinito. Es un recurso natural limitado, que exige administración responsable y visión a largo plazo.

Ese criterio permitió durante más de 25 años sostener una cadena productiva sólida. No se trata de números fríos: detrás de esta actividad hay más de 1.800 familias de pescadores y alrededor de 600 trabajadores en plantas frigoríficas. Son hombres y mujeres que viven de la pesca, que mueven la economía local, que sostienen comercios y que forman parte del entramado social de ciudades como Victoria y zonas de Diamante.

Hoy, sin embargo, ese equilibrio parece haberse quebrado. Las decisiones —o la falta de ellas— comienzan a mostrar consecuencias concretas: desorden en el sistema, incertidumbre en el sector y un recurso natural cada vez más expuesto.

Cuando se pierde de vista que el río tiene límites, el impacto no es solo ambiental. Es social, económico y, sobre todo, estructural. Porque lo que está en juego no es solo la pesca: es el sustento de cientos de familias y el futuro de una actividad que supo ser ejemplo y hoy empieza a mostrar señales de deterioro.

Hoy ese equilibrio ya no está en duda: está siendo desmantelado.

En muy poco tiempo, comenzaron a ganar terreno operadores que nunca formaron parte del esquema productivo histórico. Firmas como Litoral Fish SRL y emprendimientos vinculados a Maximiliano Sánchez Villora aparecen con habilitaciones de acopio que, en los hechos, les permiten moverse como si fueran frigoríficos. No lo son. No tienen estructura industrial, ni inversión, ni controles equivalentes. Pero operan igual y evidentemente ahí está el núcleo del problema, mientras las plantas habilitadas cumplen exigencias sanitarias, ambientales y laborales durante años, estos nuevos actores ingresan por la puerta lateral, con menores costos y sin las mismas obligaciones. El resultado es inmediato: competencia desleal, distorsión del mercado y una presión creciente sobre el recurso.

En Victoria, el impacto ya no es una hipótesis. Es visible. Reclamos de vecinos, denuncias por olores, efluentes sin tratamiento adecuado y condiciones que no resisten un estándar básico de control. No es solo una cuestión productiva: es calidad de vida. Y es salud pública.

El problema se agrava cuando se observa la respuesta —o la falta de respuesta— del Estado. La habilitación de nuevos frigoríficos en un contexto de restricciones sobre la pesca, sumada a controles que se perciben cada vez más laxos, marca un cambio de rumbo preocupante. La gestión actual de Fiscalización, a cargo de Mario Zárate, ya está bajo cuestionamiento en el propio sector, donde se habla abiertamente de un retroceso en la supervisión.

Queda claro que cuando empieza una excepción termina convirtiéndose en regla: pescado que sale sin trazabilidad, menos procesamiento local, menos trabajo en las plantas y más incertidumbre para cientos de familias.

Lo que está en juego no es una discusión técnica ni un conflicto entre privados. Es un modelo productivo que durante décadas funcionó con reglas claras y que hoy parece quedar a merced de decisiones improvisadas y de corto plazo.

Cuando el Estado deja de ordenar, otros ordenan por él. Y casi nunca en favor del interés general.