Bajo el lema “Discapacidad en emergencia: no espera más”, profesionales independientes, familias y organizaciones convocan a la comunidad a participar llevando antorchas, linternas o velas, como símbolo de la urgencia de esta lucha.

El paro fue convocado por prestadores de servicios a personas con discapacidad —psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes, entre otros— que advierten sobre el deterioro sostenido de las condiciones laborales y la falta de financiamiento adecuado del sistema.

Entre los principales reclamos se destacan:

Atrasos en los pagos, incluso con prestaciones realizadas desde principios de 2024 aún sin cobrar.

Honorarios por debajo del mínimo ético profesional, que no permiten cubrir los costos de trabajo (alquileres, materiales, seguros, cargas sociales).

El último ajuste del nomenclador (tabla de aranceles) fue en diciembre de 2023, y los incrementos anunciados para este año son insuficientes: 1% en octubre, 0.8% en noviembre y apenas 0.5% en diciembre, según la Resolución 09/2024.

Vulneración directa de los derechos de las personas con discapacidad, ya que sin prestadores no hay prestaciones posibles.

"Sin condiciones dignas, no hay salud posible", afirman los convocantes, quienes sostienen que la precarización no solo afecta a quienes trabajan en el sistema, sino que pone en riesgo el acceso a tratamientos fundamentales para miles de personas con discapacidad en todo el país.

La marcha en Concordia forma parte de una serie de acciones federales para exigir respuestas urgentes al Estado. Las familias también están convocadas a visibilizar el reclamo: "Necesitamos el apoyo de toda la comunidad. Visibilizá. Compartí. Exigí respuestas", cierra el llamado.