Emergencia en Discapacidad: el Gobierno respondió a la Justicia, pero sin cumplir la Ley

La respuesta es meramente formal, presuntamente cumplida, hipotética y especulativa (se cumple con el plazo establecido sólo para responder al requerimiento de presentación), pero no genera ninguna ejecución ni cumplimiento efectivo de lo que la Ley establece, ya que no acredita acciones concretas. Es decir, se continúa sin hacer nada de lo que la Ley dispone. Por ello afirmamos que “es un cumplimiento que incumple”.
Por ejemplo, en relación con las pensiones no contributivas, a las que hace referencia la Ley, el Gobierno se limita a describir su impacto presupuestario y a estimar un universo potencial, pero no indica cómo se implementarán durante el año en curso. Lo mismo ocurre con el Programa Federal Incluir Salud, que brinda atención a estas personas.
Cabe señalar, además, que los números que se presentan carecen de fundamento técnico-administrativo y parecen tener como único objetivo sobredimensionarlos para justificar el discurso del déficit y la falta de presupuesto, reproduciendo una narrativa parcial y estigmatizante hacia el colectivo de personas con discapacidad.
En referencia a la compensación establecida por la Ley, que busca cubrir la diferencia entre los aumentos otorgados a las prestaciones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y el IPC, el Gobierno propone un cálculo del 10,5%, el cual no coincide con la evaluación de los prestadores, sin acompañar normativa alguna que ordene su ejecución ni un cronograma de pago.
Esta situación se encuentra muy alejada del déficit real de los aranceles, presenta un cálculo erróneo de la compensación y omite una serie de cuestiones centrales, como las vinculadas al ARCA, la reunión mensual de directorio para la adecuación de aranceles, la actualización de los ingresos de los operarios de los talleres protegidos de producción, la realización del estudio de costos que correspondía en diciembre de 2025, la reunión de directorio aún pendiente, entre muchas otras que son directamente ignoradas.
Algunas de estas medidas son de ejecución inmediata, como la compensación a los prestadores, la adecuación de los talleres protegidos, la actualización de los aranceles del Sistema Único de Prestaciones y las obligaciones que la Ley impone al ARCA.
En este marco, no existe ningún acto administrativo concreto que permita la actualización de los aranceles de las prestaciones, tal como lo exige la Ley (establecer los aranceles a enero de 2025 y aplicar aumentos mensuales según una fórmula). Esto debería haber derivado ya en la fijación del arancel correspondiente a enero de 2026, sin que exista respuesta concreta ni efectiva, ni siquiera respecto de las medidas urgentes que deberían adoptarse de manera inmediata. Asimismo, hay una total ausencia de medidas vinculadas a la refinanciación de deudas con el ARCA, generadas por la combinación de aranceles congelados y salarios actualizados, situación contemplada por la Ley y que podría otorgar un mínimo respiro a los prestadores. Del mismo modo, persiste el silencio respecto del aumento que debe otorgarse al apoyo mensual que perciben los trabajadores de los talleres protegidos de producción por parte del Estado.
Por todo lo expuesto, reafirmamos que “el Gobierno Nacional manifiesta cumplir sin cumplir”. El Gobierno Nacional continúa engañando a la población, generando con ello una grave vulneración de derechos de las personas con discapacidad.