En primera instancia, no corresponde a las facultades del Ministerio de Seguridad y Justicia, y por tanto, del ministro Néstor Roncaglia, brindar una orden a ENERSA. Las decisiones relacionadas con el suministro de servicios públicos en propiedades privadas o de otras entidades, son competencia exclusiva de las autoridades judiciales y de las empresas prestatarias del servicio, siempre en el marco de la normativa vigente.
 
Lamentamos profundamente que se difundan noticias sin la debida verificación de los hechos, lo cual perjudica la imagen de las instituciones y genera confusión entre los ciudadanos. 
Entendemos, en este caso, que el único fin de esa publicación es la difamación de la honorabilidad del ministro Roncaglia y de todos los funcionarios de la Provincia de Entre Ríos,  que cumplen sus misiones con dedicación y responsabilidad.