El Gobierno quiere que devuelvan la plata: reclama más de $30 millones a cinco exagentes de Salud

Cuatro fueron cesanteadas tras sumarios administrativos y la quinta había renunciado. La documentación publicada no precisa qué haberes se pagaron indebidamente ni permite atribuir esas deudas a las sanciones o a la renuncia.  El Gobierno de Entre Ríos intimó a cinco exagentes del Ministerio de Salud a reintegrar sumas que, según las liquidaciones oficiales, percibieron de manera indebida. Los reclamos, formalizados mediante decretos publicados el 21 de septiembre, suman $30.089.347,87, sin contar los intereses que puedan seguir acumulándose hasta el pago efectivo. Si no se producen las devoluciones dentro de los plazos fijados, los decretos disponen dar intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones de recupero.
El monto más alto corresponde a Alfredo José Marcelo Vallejo: $17.775.545,73. Era médico y se desempeñaba como profesional asistente en el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná. Un decreto anterior dispuso su cesantía al finalizar un sumario administrativo vinculado con incumplimientos de sus funciones y ausencias. La intimación de reintegro, sin embargo, no identifica los períodos ni los conceptos salariales que componen la deuda.
A Daniel José María Ledesma se le reclaman $6.830.807,67. Ocupaba un cargo de personal obrero y maestranza, categoría 10, también en el Hospital San Roque de Paraná. Fue cesanteado luego de un sumario por inasistencias injustificadas registradas durante 2021. El decreto de recupero no establece expresamente que esas faltas sean el origen del dinero reclamado. En Concordia, el reclamo alcanza a Mariela María Almará, quien integraba el personal de servicios generales del Hospital Delicia Concepción Masvernat. La Provincia le exige $3.058.600,47. Su cesantía se resolvió tras un sumario por abandono de servicios: el expediente señala que no se había reintegrado a sus tareas desde julio de 2021. Tampoco en este caso el decreto publicado desglosa los pagos que se pretende recuperar.
El cuarto caso es el de Alejandro Jorge Albornoz, personal de servicios del Hospital San Blas de Nogoyá, a quien se le reclama $2.399.397,39. Un sumario iniciado por presunto abandono de servicios terminó con su cesantía en 2025. El antecedente administrativo da cuenta de su situación laboral, pero el decreto de reintegro no explica cómo se formó la cifra exigida.
Finalmente, Lucía Andrea Correa, que pertenecía al personal de enfermería del Hospital San Roque de Paraná, deberá devolver, según la liquidación oficial, $24.996,61. Su situación es distinta de las anteriores: había presentado su renuncia por motivos particulares, con efecto desde diciembre de 2022. El decreto que la aceptó indicó que no se encontraba sometida a un sumario administrativo. La publicación del reclamo tampoco especifica qué pago dio lugar a esa deuda.
La distinción es central: las cesantías y la renuncia constan en antecedentes oficiales, pero no prueban por sí mismas cómo se generaron los pagos indebidos. Los decretos de recupero aprueban los montos calculados por el Ministerio de Salud y ordenan intimar a los exagentes; no publican el detalle de las liquidaciones, los períodos alcanzados ni la causa concreta de cada diferencia.