La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ha iniciado la auditoría de las pensiones por invalidez laboral, tal como lo había anunciado el Gobierno el mes pasado, tras descubrir irregularidades en una muestra de más de 2.500 beneficios otorgados en los últimos años. Según las estimaciones preliminares, entre el 30% y el 40% de más de un millón de pensiones podrían haber sido concedidas de manera incorrecta.
La auditoría comenzó en la ciudad de Buenos Aires, donde existen aproximadamente 27.000 pensiones activas, y se extenderá a la provincia de Buenos Aires, con 300.000 pensiones, y a Chaco, con casi 99.000 beneficiarios. Estas tres regiones representan un tercio de los beneficiarios a nivel nacional.
La primera fase de la auditoría, que se desarrollará en las próximas semanas, ha revelado “anomalías graves” en el proceso de concesión y gestión de las pensiones durante la gestión anterior. Diego Spagnuolo, director ejecutivo de Andis, enfatizó la importancia de transparentar el sistema de pensiones no contributivas para asegurar que solo quienes realmente lo necesiten reciban estos beneficios.
De la auditoría médica realizada sobre 2.559 casos, se determinó que solo un 7% cumplía con los requisitos de invalidez. En Chaco, por ejemplo, se descubrió que una misma radiografía de hombro fue utilizada para justificar 150 pensiones. En los casos restantes, se anuló la pensión debido a la falta de cumplimiento de los requisitos mínimos, y solo una persona presentó un reclamo tras la anulación.
Andis describió el sistema de pensiones como “poco transparente, complejo de auditar y altamente susceptible al fraude”, afirmando que durante gestiones anteriores, las pensiones se utilizaron como moneda de cambio para favores políticos. Se detectaron dos circuitos para obtener una pensión: uno para personas con necesidades reales, que podía tardar hasta dos años, y otro “exprés” que resolvía en solo dos meses.
Las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y Buenos Aires fueron señaladas como las más afectadas por irregularidades. Durante la presidencia de Alberto Fernández, estas provincias registraron la mayor cantidad de pensiones otorgadas en relación con su población, con casos de personas que recibían beneficios a pesar de no tener invalidez laboral o discapacidad, e incluso poseer bienes de alto valor.
Según el análisis inicial, en 2023 se habrían desviado fondos de la Andis por unos 3.400 millones de dólares debido a estas irregularidades.