El Ejecutivo avanza con un régimen migratorio para atraer capitales extranjeros

La iniciativa del Gobierno para facilitar el acceso a la ciudadanía a extranjeros que realicen inversiones relevantes se inscribe en una estrategia más amplia orientada a captar capitales externos. En ese esquema, convive con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), vigente desde el año pasado, con el que se busca fortalecer el flujo de fondos hacia sectores productivos clave.
El marco operativo fue establecido mediante el Decreto 524/2025, que reglamenta el programa y habilita a ciudadanos extranjeros a solicitar la ciudadanía argentina siempre que acrediten una inversión considerada significativa, de acuerdo con los parámetros que fije el Ministerio de Economía.
La tramitación quedará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado creado dentro de la órbita económica nacional. Su función será recibir las solicitudes, verificar el cumplimiento de los requisitos financieros y articular los controles con los distintos organismos del Estado.
En el proceso intervendrán áreas sensibles como Migraciones, Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la Secretaría de Inteligencia del Estado, el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los fondos y la idoneidad de los solicitantes.
El esquema no es novedoso a nivel internacional. Modelos similares funcionan, con distintas modalidades, en más de 80 países, donde la ciudadanía o la residencia permanente se vinculan a inversiones estratégicas. En ese contexto, un grupo de empresas especializadas evaluó el potencial del programa local y estimó que podría canalizar más de 2.500 millones de dólares en inversiones directas durante sus primeras etapas.

Desde el sector privado destacan que este tipo de mecanismos ya fue utilizado con resultados concretos en países como Estados Unidos, Canadá, Portugal y varias economías del Caribe, donde los gobiernos ajustaron los requisitos según sus necesidades de desarrollo y los sectores a potenciar.
Un consorcio integrado por firmas con trayectoria internacional en programas de ciudadanía por inversión anunció su intención de participar en la licitación oficial para la implementación del plan. Según sus proyecciones, la iniciativa podría atraer a unas 5.000 familias inversoras y direccionar fondos hacia áreas como infraestructura, energía, agronegocios, tecnología, vivienda y proyectos de desarrollo regional.
Además del volumen de capital, los impulsores del programa subrayan la importancia del perfil de los inversores, al considerar que el impacto positivo depende no solo del monto invertido, sino también del compromiso de largo plazo con la economía local.
Los antecedentes internacionales muestran que, bajo esquemas de control estrictos y reglas claras, estos programas pueden generar un efecto multiplicador en empleo, inversión y crecimiento. El desafío para la Argentina, coinciden los especialistas, será diseñar un sistema transparente, confiable y alineado con los objetivos de desarrollo del país.