Descontrol en la pesca: advierten riesgo laboral y ambiental por la inacción de la provincia

Según registros fotográficos y testimonios recabados en el lugar, este domingo al menos cuatro camiones provenientes de Santa Fe —vinculados a la firma Don Quito de Uleriche, con apoyo de Litoral Fish SRL— se encontraban realizando tareas de carga. Entre ellos, el vehículo previamente infraccionado.

El dato no es menor: no solo no hubo una respuesta ejemplificadora ante una infracción documentada, sino que el mismo actor continúa operando como si nada hubiera ocurrido. La reiteración de estas prácticas expone un problema más profundo que trasciende un hecho aislado.

En ese contexto, la Dirección de Fiscalización, bajo la órbita de Mario Zárate, queda en el centro de los cuestionamientos. La ausencia de controles efectivos en una actividad altamente sensible deja al descubierto un esquema que, como mínimo, evidencia una preocupante debilidad institucional.

Las consecuencias ya se sienten. Cada camión que sale sin control implica menos pescado para el circuito formal y menos trabajo en la provincia. En ciudades como Victoria, donde la pesca sostiene buena parte de la economía, el impacto es directo: baja en la actividad de frigoríficos, incertidumbre laboral y una cadena productiva que comienza a resentirse.

Pero el problema no termina ahí. También hay un riesgo ambiental concreto. El recurso ictícola no es infinito y requiere control permanente. Sin regulación efectiva, la presión sobre el río aumenta y la sobreexplotación deja de ser una hipótesis para convertirse en una amenaza real.

Lo que está en discusión ya no es un procedimiento puntual, sino el manejo de un recurso estratégico. La repetición de estos hechos —camiones sin documentación, falta de sanciones, continuidad operativa— instala una pregunta inevitable:

¿por qué no se controla?

Sin afirmaciones concluyentes, pero con evidencias que se repiten, distintos sectores comienzan a advertir sobre un nivel de permisividad que favorece a unos pocos y perjudica al conjunto.

El escenario es claro y preocupante: el pescado se va, el trabajo se pierde y los controles no aparecen.

Si no hay una reacción inmediata, Entre Ríos no solo compromete su política ambiental, sino también el sustento de miles de familias que dependen de la pesca para vivir.