Defensores públicos de todo el país rechazaron el proyecto para bajar la edad de punibilidad

A través de un comunicado fechado el 9 de febrero de 2026, ambas entidades expresaron un rechazo categórico a la iniciativa y sostuvieron que la baja de la edad “es inútil, innecesaria y perjudicial”, además de considerar que podría resultar inconstitucional.

En el documento, los defensores públicos señalaron que la propuesta contradice estándares internacionales en materia de derechos de la niñez.

Recordaron que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a la Argentina no reducir la edad de responsabilidad penal ni incrementar las penas, y enfatizar medidas no judiciales.

También citaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen que la privación de libertad debe ser utilizada como último recurso y por el período más breve posible.
El comunicado incorpora además fundamentos científicos, al indicar que el desarrollo del lóbulo frontal —vinculado al autocontrol y la toma de decisiones— no alcanza su madurez hasta después de los 20 años, por lo que sostienen que no puede equipararse la responsabilidad penal de adolescentes con la de adultos.

En términos estadísticos, las entidades afirmaron que es “ínfimo” el porcentaje de delitos cometidos por menores de 18 años y aún menor el de menores de 16.

Asimismo, señalaron que la mayoría de los hechos que involucran a adolescentes corresponden a delitos contra la propiedad y que casi el 90% de estos casos se concentran en cuatro jurisdicciones: Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otro de los puntos cuestionados es que el proyecto habilitaría el alojamiento de menores en cárceles comunes. 
Según advirtieron, el sistema penitenciario argentino atraviesa niveles históricos de sobrepoblación y no está preparado para cumplir con fines resocializadores ni siquiera respecto de personas adultas.

Si bien aclararon que el Estado debe dar respuesta a las víctimas y a la sociedad ante hechos graves, sostuvieron que esas intervenciones deben realizarse desde ámbitos no penales, fortaleciendo los organismos de protección de derechos y abordando las causas estructurales que inciden en la conflictividad juvenil, como la exclusión social o el consumo problemático de sustancias.

Finalmente, el Consejo Federal de Defensores y ADEPRA solicitaron a las autoridades legislativas y al Poder Ejecutivo que desistan de avanzar con el proyecto y promuevan un debate “serio, participativo y respetuoso de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos de la infancia”.