Confirman las sospechas: suspenden un frigorífico de pescado de Victoria por presuntos incumplimientos ambientales
Las dudas que desde hace tiempo circulaban en torno al funcionamiento de un frigorífico dedicado al procesamiento de pescado en Victoria finalmente derivaron en una medida oficial. Durante distintas publicaciones de El Heraldo se había planteado la existencia de movimientos y modalidades de trabajo que despertaban interrogantes, especialmente por el lugar donde se realizaba el procesamiento y las condiciones en las que se desarrollaba la actividad.
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Ahora, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso la suspensión preventiva y temporal de todas las actividades de la empresa Litoral Fish SRL, al considerar que no reúne las condiciones ambientales exigidas para continuar operando hasta tanto regularice su situación.
La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada el pasado 3 de julio y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Paralelamente, el organismo provincial inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades derivadas de los presuntos incumplimientos detectados.
De acuerdo con la documentación oficial, la empresa desarrollaba tareas de procesamiento de pescado sin contar con el Certificado de Aptitud Ambiental, un requisito indispensable para este tipo de establecimientos. Además, la Secretaría sostiene que la firma no respondió satisfactoriamente a distintos requerimientos técnicos formulados durante el proceso de evaluación.
La investigación se fortaleció con inspecciones realizadas por personal especializado, el análisis de la documentación presentada por la empresa y diversas denuncias relacionadas con el tratamiento de efluentes y la disposición de residuos generados por la actividad. También fueron incorporadas presentaciones efectuadas por frigoríficos exportadores de pescado de río.
Frente a ese escenario, Ambiente entendió que existían elementos suficientes para ordenar el cese preventivo de las operaciones, priorizando la protección del ambiente mientras se determina si la empresa cumple con todas las exigencias legales y técnicas.
La suspensión continuará vigente hasta que la firma acredite haber regularizado su situación. Mientras tanto, contará con un plazo de diez días hábiles para ejercer su derecho de defensa y aportar la documentación o las pruebas que considere pertinentes.
La resolución oficial confirma que las sospechas que desde hace meses generaban preocupación entre vecinos y distintos actores del sector no eran infundadas. Ahora será el avance del procedimiento administrativo el que determinará si las irregularidades detectadas derivan en nuevas sanciones o en la habilitación de la empresa una vez cumplidos todos los requisitos ambientales.
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