COMEDORES ESCOLARES BAJO SOSPECHA: Concordia expone el lado más delicado del sistema de compras

La Justicia investiga irregularidades por más de $100 millones en fondos destinados a 37 establecimientos y siete personas están imputadas. Mientras tanto, en otros puntos de Entre Ríos circulan versiones sobre supuestos acuerdos con proveedores que, hasta el momento, no cuentan con pruebas que permitan afirmarlos como hechos. También resulta extraño que la investigación del periodista capitalino, fuera publicada a mucho más de un año de haber ocurrido el inicio de la investigación.

La discusión sobre cómo se compra la comida destinada a los chicos de las escuelas entrerrianas viene generando resistencias y cuestionamientos. Sin embargo, mientras se debate la conveniencia de modificar los mecanismos de adquisición, comienzan a conocerse situaciones que obligan a mirar con atención cómo funcionaba el sistema hasta ahora.
Una investigación del periodista Felipe Vitola, publicada a nivel nacional, puso el foco sobre Concordia y reconstruyó parte de una causa judicial que presenta características particularmente delicadas: se investigan $103.738.136 en presuntas irregularidades relacionadas con fondos destinados a desayunos, almuerzos y meriendas de 37 establecimientos escolares.

El mecanismo utilizado hasta agosto contemplaba tarjetas de compra SIDECREER, mediante las cuales los responsables de los comedores podían adquirir alimentos, en principio procurando hacerlo en comercios próximos a cada establecimiento.
Las sospechas surgieron después de una auditoría de la Dirección de Comedores provincial en el año 2024. En aquel momento compararon documentación, facturas, remitos, cantidad de beneficiarios y fondos asignados, donde se habrían encontrado importantes diferencias.
La investigación judicial está a cargo de la Unidad Fiscal de Concordia, encabezada por la fiscal Daniela Montangie, y tiene entre los imputados a la exresponsable local de Comedores Silvina Murúa, además de familiares y otras personas presuntamente vinculadas con las operaciones investigadas.

Según la acusación, desde enero de 2024 se habría ejercido presión o persuasión sobre responsables de comedores para direccionar compras hacia una determinada firma comercial. La pesquisa también intenta establecer si tarjetas que manejaban sumas superiores al millón de pesos quedaron en poder de terceros y si parte de los recursos públicos terminó utilizándose para fines completamente ajenos a la alimentación escolar.

La dimensión del caso ya había comenzado a advertirse anteriormente. En junio de 2025, una auditoría sobre 21 establecimientos detectó más de $66 millones cuya utilización no habría sido debidamente justificada, situación que derivó en la separación de Murúa de su función.
Ahora la investigación alcanza a 37 escuelas y supera los $100 millones, una cifra que adquiere todavía mayor impacto porque se trata de recursos destinados a la alimentación de niños de una ciudad atravesada por elevados niveles de pobreza.

La Fiscalía atribuyó provisoriamente conductas encuadradas en peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita. Naturalmente, las personas investigadas conservan su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Un aspecto que podría adquirir especial importancia es la figura de asociación ilícita especial prevista en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporada en 2025. Si finalmente la Fiscalía sostiene esa calificación y logra probar sus extremos, la escala penal prevista para integrar, cooperar o ayudar a determinadas organizaciones dedicadas a cometer delitos contra la administración pública puede alcanzar de 8 a 20 años de prisión, además de las penas correspondientes por los delitos que eventualmente se acrediten. Esto no significa anticipar una condena ni afirmar que esa figura será necesariamente aplicada: será una cuestión que deberá resolver la Justicia.

UNA DISCUSIÓN QUE AHORA TIENE OTRO CONTEXTO
El caso aparece precisamente cuando existe una considerable oposición a los cambios que la Provincia pretende introducir en el sistema de compras para los comedores escolares.
Y allí surge inevitablemente una pregunta: ¿cuánto control existía realmente sobre el dinero destinado a alimentar a los alumnos?
En otras ciudades entrerrianas, comerciantes vienen comentando —por ahora de manera informal y sin documentación que permita corroborarlo— la supuesta existencia de “arreglos” o porcentajes vinculados con determinadas compras. Periodísticamente corresponde marcar con claridad el límite: son versiones que circulan, pero hasta el momento no pueden presentarse como hechos comprobados. Si aparecieran denuncias, documentos o actuaciones judiciales, naturalmente la situación sería diferente.
Lo de Concordia, en cambio, ya no pertenece al terreno del comentario. Existe una investigación judicial, auditorías, imputaciones y montos concretos bajo análisis.

Por eso, más allá de las posiciones a favor o en contra del nuevo sistema que pretende implementar el Gobierno, el expediente abierto en nuestra ciudad introduce un elemento imposible de ignorar: cuando se administran recursos destinados a la comida de los niños, no solamente importa cuánto dinero aporta el Estado, sino también quién lo administra, dónde se compra, cuánto se paga y qué cantidad de alimentos llega finalmente a cada escuela.
Y quizás allí esté el punto más sensible de todo este episodio: cada peso que eventualmente haya sido desviado no salió de una cuenta abstracta del Estado. Era dinero destinado al desayuno, el almuerzo o la merienda de un chico.