Caminos del Río Uruguay: 500 trabajadores en la incertidumbre y un modelo en crisis

La resolución ordenó la clausura inmediata de la sede central de la compañía en Buenos Aires, el secuestro de documentación y un inventario de bienes, marcando el final abrupto de una gestión que se remontaba a los años ’90.
CRUSA tenía bajo su control los corredores viales más estratégicos de la región: las rutas nacionales 12, 14, 117 y 174, esenciales para el comercio interno y las conexiones internacionales del Mercosur. 
Sin embargo, la firma arrastraba desde hace años una profunda crisis financiera, agravada por la falta de actualización tarifaria y la ausencia de subsidios estatales, lo que la llevó en 2023 a ingresar en concurso preventivo. A pesar de haber homologado un acuerdo con sus acreedores en 2024, no logró sostener su operatoria.
El 8 de abril de este año se extinguió formalmente la concesión, dejando a más de 500 trabajadores en la calle sin garantías de continuidad laboral ni indemnizaciones. La empresa alegó no tener fondos para afrontar las compensaciones, lo que desató una serie de protestas y cortes de ruta, especialmente en los accesos al puente Zárate-Brazo Largo, donde la tensión creció con la intervención de Gendarmería Nacional.
Actualmente, la Dirección Nacional de Vialidad ha asumido la administración provisoria de los tramos afectados, pero sin ofrecer hasta el momento soluciones claras para reubicar al personal despedido ni un cronograma definido para una nueva licitación.