ATE y APINTA presentaron un amparo judicial para frenar el desguace del INTA

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) presentaron de manera conjunta un amparo judicial con el objetivo de frenar el avance del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/2025 que estableció una reforma integral en la gobernanza y funcionamiento del INTA. La presentación solicita la declaración de inaplicabilidad de las facultades delegadas por la Ley 27.742 y la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de dicha norma, así como de los artículos 59 al 69 del decreto presidencial.
Según los gremios, el decreto configura una “desviación de poder” que busca avanzar con la disolución, desfederalización y vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, lo cual estaría vedado por la legislación vigente. En ese marco, también solicitaron una medida cautelar para suspender provisoriamente los efectos de las normas cuestionadas y evitar cesantías, traslados o cualquier reestructuración de personal.
En la acción judicial, se requirió que el Estado Nacional se abstenga de aplicar medidas que impliquen despidos, reubicaciones, no renovaciones contractuales o cualquier acto que reduzca la dotación del organismo. También se pidió que se respeten los derechos laborales establecidos en los convenios colectivos 214/06 y 127/06, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
“En la calle y en la Justicia, estamos demostrando que el Gobierno de Milei no es invencible. Vinieron por el derecho de huelga y la Justicia nos dió la razón. Quisieron quitarnos el Día del Empleado Público y la Justicia dijo que tenía razón ATE. Y la marcha atrás con el cierre de Vialidad demuestra que, uno por uno, vamos a voltear todos los decretos”, señaló el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. “Son un mamarracho. Tienen tanta ambición en generar negocios para los empresarios que ni siquiera supieron aprovechar las facultades extraordinarias”, agregó el dirigente.
La presentación judicial se suma a una serie de acciones impulsadas por ATE contra medidas del Gobierno nacional que, según sostienen desde el gremio, afectan derechos laborales y comprometen el funcionamiento de organismos públicos.