Seguridad en crisis: las alertas que nadie quiso ver
La situación expuesta tras el hallazgo de cámaras y micrófonos ocultos en el despacho del gobernador Rogelio Frigerio y en la Secretaría General a cargo de Mauricio Colello deja al descubierto fallas profundas en una de las áreas más sensibles del Estado: la seguridad.
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La responsabilidad política y operativa recae de lleno en el Ministerio de Seguridad, conducido por Néstor Roncaglia, un funcionario que fue elevado a rango ministerial con la expectativa de profesionalizar el área, pero cuya gestión viene acumulando señales de desgaste dentro de las propias fuerzas. La presencia —o permanencia— de dispositivos de vigilancia en oficinas clave del poder provincial evidencia una alarmante falta de control interno y prevención básica, una omisión que habla muy mal tanto del ministro como de la conducción policial.
Desde hace tiempo circulaban versiones en ámbitos políticos sobre un posible final de ciclo de Roncaglia hacia fin de año. El episodio de las cámaras no solo refuerza esas versiones, sino que instala un interrogante mayor: ¿cómo es posible que no se haya revisado ni asegurado el despacho del gobernador, máxima autoridad institucional de la provincia?
La gravedad se amplifica si se considera el contexto. Frigerio no es un gobernador encapsulado: se mueve con su familia, practica actividades al aire libre y ha optado por un estilo personal sin grandes aparatos de custodia. Esa elección, legítima, lo deja aún más expuesto en una provincia donde el narcotráfico ya dejó de ser un fenómeno marginal y pasó a confrontar abiertamente con la Policía de Entre Ríos.
En las islas frente a Victoria se registraron episodios de tiroteos contra personal policial. Pescadores nocturnos relatan el paso de avionetas a baja altura y el movimiento silencioso de lanchas de escasa potencia que, en la madrugada, recogen “paquetes” en zonas donde el control estatal es casi inexistente. Tras esas alertas, no hubo un refuerzo sostenido ni una estrategia visible. El problema quedó diluido entre vacaciones, silencios oficiales y acciones de alto impacto mediático, pero baja eficacia real.
A esto se suma una dimensión aún más preocupante y menos atendida: los niños atrapados por el narcotráfico. En distintas ciudades entrerrianas ya se observan chicos de entre 6 y 12 años deambulando de noche en los barrios, hijos de dos generaciones expulsadas del sistema. Días atrás, en el hospital de Victoria, fue atendido un niño de siete años que sufrió un cuadro grave tras consumir marihuana facilitada por otros menores. No se trata de casos aislados: es el anticipo de una inseguridad futura mucho más violenta si no se actúa ahora.
El Ministerio de Seguridad no está para un esquema de gestión a distancia ni para viajes constantes a Buenos Aires. Está para poner horas, territorio y decisión política en una transformación profunda. El escándalo institucional de las últimas horas no es solo un papelón nacional: es una advertencia. Todo indicaría que el gobernador ya estaría poniendo situaciones en la balanza y el dibujo tendría otro destino.
Porque cuando fallan los controles básicos, cuando el narcotráfico avanza y cuando la infancia queda librada a su suerte, la seguridad deja de ser marketing y pasa a ser una deuda urgente.
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