Rutas rotas, inversión frenada y un país que se detiene
La paralización de la obra pública comienza a mostrar consecuencias concretas y visibles en distintas provincias del país. En Entre Ríos, la falta de inversión se refleja en el déficit habitacional, en el deterioro sostenido de rutas provinciales y nacionales y en un dato alarmante: el récord de muertes por accidentes viales. Pero el impacto no se limita a las víctimas fatales. La infraestructura en mal estado también paraliza la producción, encarece costos y pone en riesgo actividades estratégicas para la economía argentina.
El fenómeno se repite con mayor crudeza en el norte del país. La llamada Cuesta del Ipán, un tramo de la Ruta Nacional 54, alcanza los 4.170 metros sobre el nivel del mar y conecta el extremo noroeste argentino con Chile. Es, además, la principal vía de acceso a dos minas activas y a otros cuatro proyectos de litio en la provincia de Jujuy.
Mientras el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, redujo en un 72% la inversión vial, por esta ruta circulan cada vez más camiones cargados con litio e insumos mineros. El tránsito pesado, constante y creciente, acelera un deterioro que ya resulta evidente y peligroso.
Los pobladores de las Salinas Grandes lo viven a diario. Denuncian desniveles pronunciados, curvas dañadas, sectores desbordados y falta total de mantenimiento. La situación afecta a residentes, turistas y transportistas, y se agrava por las condiciones geográficas extremas del lugar.
“La ruta está cada vez más rota. Hay desniveles en las curvas y el riesgo es permanente. Pasan equipos pesados todo el tiempo y estamos muy abandonados”, señalan desde la zona. A las dificultades físicas se suman impactos ambientales que generan preocupación en las comunidades locales.
La paradoja es evidente y no se limita a Jujuy. Para captar inversiones en minerales e hidrocarburos, la Argentina reduce impuestos y ofrece condiciones favorables. Los proyectos avanzan, generan empleo y aumentan la actividad exportadora, pero al mismo tiempo deterioran la infraestructura que los sostiene. Luego, tanto las provincias como las empresas reclaman rutas en condiciones para poder operar.
Desde el gobierno jujeño aseguran que mantuvieron conversaciones con las compañías mineras y que existe predisposición para que aporten fondos destinados a la reparación de los caminos. Sin embargo, mientras las definiciones se demoran, las rutas siguen rompiéndose.
La falta de obra pública no solo se traduce en viviendas que no se construyen o en rutas inseguras: también frena el desarrollo, pone en riesgo vidas y debilita la competitividad de sectores clave como el litio, una de las grandes apuestas productivas del país.
Sin infraestructura, no hay inversión sostenible. Sin rutas seguras, no hay desarrollo posible.

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