Paro y democracia: una herramienta legítima, un desafío pendiente
El paro general es una herramienta reconocida en cualquier sistema democrático. Forma parte del derecho constitucional a la protesta y ha sido históricamente un instrumento de presión de los trabajadores frente a decisiones gubernamentales.
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Sin embargo, cada convocatoria abre una discusión más profunda: ¿cuándo es defensa de derechos y cuándo se convierte en disputa de poder?
La democracia argentina ha atravesado crisis severas. El recuerdo del 2001 permanece como advertencia de lo que significa la desestabilización institucional. Las interrupciones abruptas de mandatos siempre dejan heridas sociales profundas. Por eso, la responsabilidad colectiva es mayor en tiempos de tensión.
La actual reforma laboral llega con un dato insoslayable: casi el 42% de los trabajadores se desempeña en la informalidad.
Es decir, una porción sustancial del mercado laboral está por fuera del esquema tradicional que se busca proteger.
Esa realidad obliga a pensar si el debate debe limitarse a conservar estructuras o si necesita adaptarse a nuevas formas de empleo. El sindicalismo enfrenta, además, un desafío propio: la caída de su imagen pública y la dificultad para convocar masivamente. En una sociedad fragmentada, el paro general ya no genera el mismo consenso que décadas atrás. Tampoco el mismo temor.
Al mismo tiempo, el oficialismo tiene la obligación de garantizar que el debate parlamentario se desarrolle sin sobresaltos y con pleno respeto institucional. La protesta no puede transformarse en presión que altere el funcionamiento del Congreso, así como el tratamiento legislativo no debe ignorar las voces disidentes.
En democracia, el conflicto es inevitable. Lo que no es inevitable es la ruptura.
La historia reciente muestra que los gobiernos caen cuando pierden legitimidad social, no solo por la presión callejera. Y las reformas perduran cuando logran construir mayorías amplias, no solo aritméticas.
El desafío de este jueves no es únicamente aprobar o frenar una ley.
Es demostrar que el país puede discutir cambios estructurales dentro de las reglas del juego democrático.
Porque las reformas pasan. Las instituciones, si se cuidan, quedan.
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