El Gobierno simplificó la importación de alimentos al reconocer certificaciones del exterior

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema para facilitar el ingreso de alimentos importados al país mediante la publicación del Decreto 697/2026 en el Boletín Oficial. La iniciativa apunta a simplificar los procedimientos administrativos para productos que ya cuentan con certificaciones sanitarias emitidas por organismos reconocidos internacionalmente.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei junto a los ministros Diego Santilli, Luis Caputo y Mario Lugones, introduce un régimen especial que alcanza a alimentos, aditivos, ingredientes, coadyuvantes tecnológicos y materiales destinados al contacto con alimentos que posean autorizaciones emitidas por países aceptados por la Argentina o que apliquen las normas del Codex Alimentarius, elaborado por la FAO y la Organización Mundial de la Salud.

Con este nuevo mecanismo, esos productos ya no deberán atravesar algunos de los trámites exigidos hasta ahora, como su incorporación al Código Alimentario Argentino (CAA). En su lugar, los importadores deberán presentar una declaración jurada junto con la autorización de comercialización o el certificado de libre venta expedido por el país de origen, sin que la autoridad sanitaria pueda exigir documentación adicional.
Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca eliminar procedimientos repetitivos, reducir la burocracia y acelerar la llegada al mercado de nuevos productos e innovaciones.

SENASA tendrá un rol central en los controles
El decreto también redefine las funciones de los organismos encargados de la fiscalización. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) asumirá las tareas de registro, inspección, supervisión de establecimientos y control de las importaciones, mientras que el Ministerio de Salud continuará siendo la autoridad responsable de la política sanitaria y de las actualizaciones del Código Alimentario Argentino.

Otra de las novedades es que los trámites deberán resolverse en un plazo máximo de 30 días. Si ese período transcurre sin una respuesta oficial, el procedimiento permitirá avanzar con la comercialización del producto bajo el mecanismo previsto por la nueva normativa.
El decreto también establece que los carnets de manipulación de alimentos tendrán validez en todo el país y dejarán de tener vencimiento una vez emitidos. Además, se pondrá en funcionamiento una Base Única de Datos que concentrará información sobre establecimientos elaboradores, productos, laboratorios e inspecciones sanitarias.

Según explicó el Gobierno, el régimen anterior generaba desigualdades regulatorias, ya que autorizaba la importación de productos elaborados con determinados ingredientes, pero dificultaba que esos mismos insumos pudieran ser utilizados por la industria nacional. La reforma pretende reducir costos y agilizar el comercio, aunque algunos sectores vinculados a la salud pública y a la industria alimentaria manifestaron interrogantes respecto del alcance de los controles que continuarán aplicándose.